
“¿Estás segura de que mi papá está ahí?”, preguntó la niña de nueve años a su madre.
Glendy Hernández aún no tiene una respuesta.
Hace casi un año, su esposo Herman Wong y centenares de fallecidos por COVID-19 fueron enterrados en secreto en un descampado de Iquitos, capital de la región Loreto, en el corazón de la Amazonía. Las autoridades aprobaron las inhumaciones, pero nunca avisaron a los familiares quienes creían que los muertos estaban en un cementerio local.
Meses después descubrieron la verdad.
Es el primer caso conocido en Latinoamérica donde las autoridades ocultan el destino de decenas de víctimas del virus y nadie ha explicado por qué se realizaron de forma clandestina. El gobierno regional no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.
Las familias dijeron a la AP que al menos 403 fueron enterrados en aquel lugar.
Loreto fue una de las regiones más azotadas por el COVID-19 en 2020. Al momento han muerto más de 52.000 en Perú, de ellos 3.200 en Iquitos, que cuenta con 550.000 habitantes.

A los pies del altiplano boliviano está el lago Uru Uru —cercano al departamento de Oruro, a unos 200 kilómetros de La Paz— donde llegaron unos 500 policías, trabajadores de la alcaldía, vecinos y voluntarios para recoger la basura con palos y otras herramientas de trabajo.
“Me siento feliz, contenta de que realmente la población esté respondiendo al llamado, al auxilio de nuestro lago Uru Uru”, dijo a The Associated Press Arminda Choque, una mujer que vive cerca del lago.
El alcalde electo de Oruro, Adhemar Wilcarani Morales, encabezó la jornada y explicó que aún es una “limpieza superficial”. “Más adelante haremos un plan de mitigación ambiental para recuperar el lago Uru Uru”, mencionó.
La autoridad explicó que en el sector que iniciaron la limpieza alguna vez “tuvo un espejo de agua de 1,5 metros de profundidad. Ahora apenas tiene 20 centímetros”.
El coronel policía de Oruro, Alex Alfaro, explicó que se espera recoger más de diez toneladas de basura con la ayuda de volquetas y tractores.
Hace dos semanas se denunció que la basura y plásticos del lago cubrían al menos un kilómetro de su cuerpo de agua.

Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y Charles Michel, jefe del Consejo Europeo, visitaron Turquía el martes para conversar con el presidente Recep Tayyip Erdogan, centrándose en las relaciones UE-Turquía. Después de ser conducidos a una gran sala para dialogar con Erdogan, las imágenes de televisión mostraron que sólo había dos sillas frente a las banderas turca y europea.
Michel y Erdogan se sentaron en las sillas mientras Von der Leyen los miró a ambos y expresó su asombro con un “ehm” y un gesto de decepción. La funcionaria al final se sentó en un gran sofá beige, lejos de sus homólogos masculinos.
Según una fuente de la UE, la reunión entre los tres líderes duró más de dos horas y media.
“Lo importante es que la presidenta debería haberse sentado exactamente de la misma manera que el presidente del Consejo Europeo y el presidente turco”, dijo el portavoz jefe de la comisión de la UE, Eric Mamer y agregó que Von der Leyen estaba sorprendida por los arreglos.
“Ella decidió proceder de todos modos, priorizando la sustancia sobre el protocolo, pero permítanme enfatizar que la presidenta espera que la institución a la que representa sea tratada con el protocolo requerido, por lo que ha pedido a su equipo que tome todos los contactos adecuados para asegurar que tal incidente no ocurra en el futuro”, dijo Mamer.
Ni la presidencia turca ni el Consejo Europeo han comentado al respecto.
El incidente diplomático fue muy comentado en redes sociales. La legisladora europea Sophie in’t Veld publicó fotos de reuniones anteriores entre los predecesores de Michel y Von der Leyen con Erdogan, con los tres hombres sentados en sillas uno al lado del otro.
“Y no, no fue una coincidencia, fue deliberado”, escribió In’t Veld en Twitter, cuestionando por qué Michel permaneció en silencio.

El Ministerio de Salud registró 4.195 decesos por COVID-19 el martes, convirtiéndose en el tercer país en rebasar dicho umbral, mientras los adversarios políticos de Bolsonaro exigían medidas más estrictas para frenar la propagación del virus.
“No vamos a aceptar esta política de quedarse en casa y cerrar todo”, dijo el mandatario, resistiéndose a la presión en un discurso pronunciado desde la ciudad de Chapeco, en el estado de Santa Catarina. “No habrá confinamiento nacional”.
El presidente también defendió los llamados protocolos de atención temprana, que incluyen el uso de la hidroxicloroquina, un fármaco para combatir la malaria. Ningún estudio científico ha encontrado que el medicamento sea efectivo en la prevención o tratamiento del COVID-19.
“Hoy día no hay vacunas suficientes en el mundo. Debemos encontrar alternativas”, comentó.

La labor de la experta francesa contra los abusos de derechos humanos ha adoptado un nuevo cariz ahora que lidera Amnistía Internacional, y dirige su atención a lo que describe como uno de los problemas más urgentes del mundo: la igualdad de vacunas para poner fin a la pandemia del coronavirus, que ha erosionado las libertades en todo el mundo.
Amnistía Internacional publicó el miércoles su reporte anual, en el que afirma que los gobiernos han aprovechado la pandemia del coronavirus como excusa para reprimir los derechos humanos, tanto si ésa era su intención original como si no. El amplio reporte señaló en particular a los gobiernos de Myanmar y Rusia, entre otros, aunque también criticó el empleo de los poderes policiales asociados al coronavirus en lugares como Gran Bretaña y Estados Unidos contra manifestantes.
La única forma de poner fin al virus -y a los abusos que lo han acompañado, sobre todo contra los más vulnerables del planeta- es distribuir vacunas de forma global y equitativa, dijo el martes a The Associated Press.
“Lo que descubrimos es que las víctimas del COVID, ya fuera en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, en India, en Oriente Medio, en Brasil, esas víctimas estaban principalmente entre los grupos más desarraigados y vulnerables”, explicó. “Como comunidad global, como comunidad nacional, reprobamos la prueba que suponía el COVID-19”.