SAO PAULO (AP) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien continúa recuperándose tras someterse a una cirugía de intestino , salió de cuidados intensivos, informaron sus médicos el jueves.
El equipo médico del Hospital DF Star de Brasilia informó que salió de cuidados intensivos el miércoles y que aún no hay fecha de alta. Su estado de salud es estable y ha comenzado a recibir dieta líquida.
Bolsonaro se sometió a una cirugía de 12 horas el 13 de abril para extirpar adherencias intestinales y reconstruir la pared abdominal. Fue el sexto procedimiento relacionado con las secuelas a largo plazo de haber sido apuñalado en el abdomen durante un mitin de campaña en septiembre de 2018.
Ha estado entrando y saliendo de hospitales desde el ataque y se sometió a múltiples cirugías durante su presidencia de 2019 a 2022.
Los médicos describieron la última cirugía como la “más compleja” desde el apuñalamiento, requiriendo un “postoperatorio muy delicado y prolongado”.
Bolsonaro ingresó con dolor abdominal intenso en un hospital de Santa Cruz, una pequeña ciudad de Rio Grande do Norte, el 11 de abril y luego fue trasladado a un hospital en la capital del estado, Natal. Su familia solicitó posteriormente su traslado a Brasilia.
Se preparaba para un viaje por el noreste de Brasil para promover la agenda derechista de su Partido Liberal, con la vista puesta en las elecciones presidenciales del próximo año, aunque él mismo tiene prohibido presentarse. La región ha sido tradicionalmente un bastión político del presidente Luiz Inácio Lula da Silva .
Se espera que Bolsonaro sea juzgado en los próximos meses en la Corte Suprema de Brasil por supuestamente intentar dar un golpe de Estado en enero de 2023, con disturbios liderados por sus partidarios en Brasilia.
CARACAS (AP) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, exigió el jueves que una niña de dos años sea entregada a sus familiares en Venezuela, luego de que las autoridades estadounidenses deportaran a sus padres por separado y mantuvieran a su hija bajo custodia en territorio estadounidense.
El polémico caso se dio a conocer la semana pasada cuando el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que Estados Unidos había secuestrado a una niña, Maikelys Espinoza, hija de migrantes venezolanos, al separarla de sus padres cuando estos fueron deportados.
La madre de la menor llegó a su país de origen la semana pasada en un avión sin la niña. El padre ya había sido deportado a El Salvador en marzo y permanece allí desde entonces en una cárcel de máxima seguridad, según los abogados de la familia.
El gobierno de Estados Unidos afirmó para justificar su deportación y la separación de la menor que ambos tienen vínculos con la banda del Tren de Aragua, de origen venezolano, calificada por la administración del presidente Donald Trump como una organización terrorista.
La niña fue retirada del manifiesto de deportación para su “seguridad y bienestar”, en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, indicaron las autoridades estadounidenses en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El jueves, durante la intervención de Maduro en la marcha oficialista con motivo del Día Internacional del Trabajador, el mandatario indicó que la niña no estaba entre el grupo de personas deportadas —en el que sí estaba su madre— que fueron repatriadas la semana pasada a Venezuela como parte de los traslados acordados a fines de marzo por ambos países.
Maduro insistió el jueves que la niña fue “secuestrada” por las autoridades estadounidenses y pidió a la justicia de ese país que corrija esa situación y ordene que la menor sea devuelta a su madre.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló en un comunicado del 26 de abril posterior a las declaraciones de Cabello que la menor “permanece bajo el cuidado y la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados y actualmente se encuentra con una familia de acogida”.
En ese comunicado, las autoridades estadounidenses justificaron que habían tomado “medidas porque ambos padres son parte del Tren De Aragua” y “contaban con órdenes judiciales de deportación”.
En concreto, según el Departamento de Seguridad Nacional, el padre de la niña, Maiker Espinoza, estaba a cargo de supervisar “homicidios, tráfico de drogas, secuestros, extorsión, tráfico sexual” para esa organización criminal. Mientras que la madre, identificada como Yorely Bernal Inciarte, supuestamente supervisaba “el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución”.
La pareja negó durante su detención en Estados Unidos ser parte de la banda criminal.
El caso, rechazó Maduro ante sus seguidores, “es uno de miles de casos de niños y niñas, hijos de latinoamericanos y caribeños, que están secuestrados en Estados Unidos”. Indicó que hay un grupo de abogados trabajando en el tema en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII y etiquetó a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora para poder deportar a migrantes venezolanos hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador como parte de su política contra la migración.
El gobierno de Maduro, por su parte, ha dicho que Maiker Espinoza es uno de los 252 venezolanos que están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó construir para encarcelar a integrantes de las pandillas.
Recientemente, el mandatario venezolano rechazó una propuesta de Bukele que buscaba intercambiar a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos por otras tantas personas encarceladas en Venezuela consideradas como presos políticos. Maduro catalogó la propuesta como “ilegal” y resaltó que fueron “privados de su libertad de forma arbitraria”.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Un fallo a favor del expresidente Evo Morales, para dejar sin efecto la orden de detención en su contra en el caso de presunto abuso a una menor de 15 años cuando él era gobernante, provocó el miércoles una polémica entre autoridades judiciales por la existencia de dos resoluciones de mismo rango contradictorias.
La jueza Lilian Moreno, de un juzgado de la región de Santa Cruz, suspendió la orden de aprehensión contra Morales y anuló su imputación formal”, informó el miércoles el abogado del exmandatario Jorge Pérez a los medios. La misma jueza emitió en octubre de 2024 un primer fallo a favor de Morales, con el que se intentó dejar sin efecto la orden de aprehensión por el mismo caso, pero no fue acatado.
El exgobernante de 65 años es investigado desde octubre por un presunto caso de trata de personas. Fue convocado a declarar, pero no se ha presentado hasta ahora ante la fiscalía. De ahí que enfrentara una orden de detención. Desde que comenzó la pesquisa en su contra, el exmandatario se refugió en su feudo cocalero en el Chapare, al centro de Bolivia, donde recibe la protección de sus bases.
En enero de este año, otro juez declaró a Morales en rebeldía y emitió una orden para que no pueda salir del país. Además, se congelaron sus cuentas, entre otras medidas.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, explicó que sobre el caso existen dos resoluciones que tienen la misma jerarquía: una en La Paz que da la tutela a favor de la víctima; otra en Santa Cruz, que es favorable de Morales.
“Vamos a hacer una comparación para poder tomar una decisión. Como máxima instancia de la justicia en Bolivia”, agregó.
El Consejo de la Magistratura informó que revisará si la decisión judicial se enmarcó en la normativa y advirtió que, en caso contrario, la jueza podría enfrentar sanciones.
“Después de mucho tiempo siento que llegó la justicia”, reaccionó Morales en su cuenta de X, antes Twitter. El expresidente ha rechazado las acusaciones en su contra y asegura que detrás de la investigación hay una motivación política para impedirle concurrir como candidato presidencial en las elecciones de agosto de este año.
Morales, predecesor del presidente boliviano Luis Arce, se distanció de éste y mantiene una pugna desde hace meses por el liderazgo del oficialismo. Tras un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el Movimiento Al Socialismo quedó en manos de la facción a fin a Arce y Morales, entonces, anunció que concurría como aspirante a las elecciones con otras siglas, pese a la investigación en su contra que le impide presentarse.
Las divisiones en el MAS, un partido que gobernó por 19 años, ponen en duda si perderá la hegemonía en los próximos comicios.
Desde el gobierno, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, se pronunció sobre el fallo de la jueza y lo calificó como un “error” y una “aberración” que no tiene argumentos.
“Esta juez es muy cercana a Evo Morales, ha sido funcionaria en el gobierno de Morales”, declaró por su parte la diputada opositora Lucina Campero que está fiscalizando el caso desde su rol en el Parlamento.
Expertos en temas judiciales señalan que el fallo de la juez se puede apelar y que, en su caso, deberá hacerlo la Fiscalía.
En la cuenta de la radio cocalera Kausachum Coca se puso un aviso en el que se cita al exmandatario: “Nos vemos en La Paz el 16 de mayo”, en referencia a su aspiración de inscribir su candidatura en el Tribunal Supremo Electoral a pesar a pesar de haber quedado inhabilitado.
El miércoles, una jueza federal ordenó nuevamente a la administración Trump que proporcione información sobre sus esfuerzos hasta el momento, si los hubo, para cumplir con su orden de recuperar a Kilmar Abrego García de una prisión de El Salvador.
La jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland, suspendió temporalmente su directiva de información a petición del gobierno la semana pasada. Sin embargo, dado que la pausa de siete días expiraba a las 5 p. m., estableció plazos en mayo para que los funcionarios presentaran testimonio jurado sobre cualquier medida que hayan tomado para su regreso a Estados Unidos.
Abrego García, de 29 años, ha estado encarcelado en su natal El Salvador durante casi siete semanas, mientras que su deportación por error se ha convertido en un punto de conflicto para las políticas migratorias del presidente Donald Trump y su creciente fricción con los tribunales estadounidenses .
El presidente reconoció a ABC News el martes que podría llamar al presidente de El Salvador y solicitar el regreso de Ábrego García. Pero Trump insistió en sus afirmaciones de que Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13.
"Y si fuera el caballero que usted dice que es, lo haría", dijo Trump a Terry Moran de ABC en la Oficina Oval.
La policía de Maryland identificó a Abrego García como miembro de la pandilla MS-13 en 2019 basándose en sus tatuajes, su sudadera con capucha de los Chicago Bulls y la palabra de un informante criminal. Sin embargo, nunca fue acusado. Sus abogados afirman que el informante afirmó que Abrego García pertenecía a una rama de la MS-13 en Nueva York, donde nunca ha vivido.
La identificación de la pandilla por parte de la policía local impulsó al gobierno de Trump a expulsar a Ábrego García en marzo a una prisión de El Salvador. Sin embargo, la deportación violó la orden de un juez de inmigración estadounidense de 2019 que lo protegía de ser enviado a El Salvador.
Abrego García había demostrado ante el tribunal de inmigración que probablemente enfrentaba persecución por parte de pandillas salvadoreñas locales que lo aterrorizaban a él y a su familia, según consta en los registros judiciales. Huyó a Estados Unidos a los 16 años y vivió en Maryland durante unos 14 años, trabajando en la construcción, casándose y criando a sus tres hijos.
Xinis ordenó a la administración Trump que lo devolviera hace casi un mes, el 4 de abril . La Corte Suprema dictaminó el 10 de abril que la administración debía trabajar para traerlo de vuelta.
Pero el caso solo se agravó. Xinis arremetió contra un abogado del gobierno que no pudo explicar qué había hecho, si es que había hecho algo, la administración Trump. Luego ordenó a los funcionarios que presentaran testimonio jurado y otra información para documentar sus acciones.
La administración Trump apeló. Pero un tribunal federal de apelaciones respaldó la orden de información de Xinis en un fallo contundente , afirmando: «No microgestionaremos los esfuerzos de un excelente juez de distrito que intenta implementar la reciente decisión de la Corte Suprema».
La administración Trump se resistió, alegando que la información que Xinis buscaba involucraba secretos de estado protegidos y deliberaciones gubernamentales. A su vez, ella reprendió a los abogados del gobierno por ignorar sus órdenes y actuar de mala fe.
La jueza ha ordenado a los fiscales federales que justifiquen específicamente sus alegaciones de información privilegiada. Sin embargo, su orden podría enfrentar una continua resistencia.
Cuando un periodista le preguntó el miércoles al Secretario de Estado, Marco Rubio, si había tenido alguna conversación con El Salvador sobre el regreso de Abrego García, Rubio dijo que la política exterior no debería discutirse con los jueces.
—Bueno, eso nunca te lo diré. ¿Y sabes a quién más nunca se lo diré? A un juez —dijo Rubio durante una reunión de gabinete—. Porque la conducción de toda la política exterior le corresponde al presidente de Estados Unidos y al poder ejecutivo, no a un juez.
Mientras tanto, los abogados de Abrego García dijeron el miércoles que la administración estaba avanzando hacia su regreso cuando pidió una pausa en el caso judicial.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios sobre la declaración del bufete de abogados.
“Accedimos a esa solicitud porque entendimos que se hizo de buena fe”, declaró el bufete Murray Osorio PLLC en un comunicado de prensa. “Desafortunadamente, una semana después, sigue sin estar claro qué ha hecho el gobierno, si es que ha hecho algo, en los últimos siete días para que nuestro cliente regrese a casa con su familia”.
Los periodistas de Associated Press Alanna Durkin Richer y Seung Min Kim en Washington contribuyeron a este informe.
BEIJING (AP) — Tres astronautas chinos aterrizaron de regreso en la Tierra el miércoles después de seis meses en la estación espacial de Beijing.
El módulo de aterrizaje tripulado, con un paracaídas rojo y blanco, descendió lentamente después de separarse del vehículo de retorno, en Dongfeng, en la región de Mongolia Interior, al borde del desierto de Gobi, en el norte de China. Su regreso se demoró un día debido a los fuertes vientos y la baja visibilidad. La zona es propensa a las tormentas de arena en esta época del año.
Los astronautas —Cai Xuzhe, Song Lingdong y Wang Haoze— habían viajado a la estación espacial Tiangong en octubre. El martes entregaron el control del puesto orbital a la tripulación que llegó recientemente para reemplazarlos.
La cápsula Shenzhou 20, en la que viajó la nueva tripulación, también llevó equipos para experimentos sobre vida en el espacio o física de microgravedad, además de nueva tecnología para la estación espacial.
La estación espacial Tiangong, o “Palacio celestial”, ha convertido a China en un actor importante en una nueva era de exploración espacial y de uso de estaciones permanentes para realizar experimentos en el espacio. Fue construida totalmente por Beijing después de que el país fuera excluido de la Estación Espacial Internacional por las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos.
El programa espacial de China está controlado por el Ejército Popular de Liberación, la rama militar del gobernante Partido Comunista.
Los tres astronautas chinos han llevado a cabo experimentos y mejoras en la estación durante su estancia allí. Dos de los astronautas, Cai y Song, realizaron una caminata espacial de nueve horas, la más larga de la historia, durante su misión, de cuerdo con la agencia espacial de China.
El programa espacial del país ha crecido rápidamente en los últimos años. La agencia espacial ha aterrizado un vehículo explorador en Marte y otro en el lado oculto de la Luna. Su objetivo es llevar a una persona al satélite antes de 2030.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.