
Luis Almagro propuso conformar una “comisión internacional” para investigar los casos de corrupción, liberar a los detenidos y que la Corte Penal Internacional investigue las denuncias sobre “eventuales crímenes de lesa humanidad”.
La propuesta fue rechazada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en un comunicado sostuvo que descalificar a la justicia boliviana “es un exceso inadmisible” y que “Almagro no tiene autoridad moral, debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y su posición denota injerencia e intromisión”.
Más tarde, en un nuevo comunicado, la cancillería boliviana llamó a todos los estados miembros a “defender la Carta de la OEA que privilegia la no intervención” y asegura que Bolivia “defenderá su soberanía, la independencia de sus órganos y no caerá en provocaciones malintencionadas”.
La propuesta de Almagro fue bien recibida por la oposición, que en los últimos días ha realizado protestas contra la detención de Áñez, dos exministros y exjefes militares. “Nos hacemos eco de un llamado a conformar una comisión internacional ante la inexistencia de una justicia imparcial”, dijeron la víspera en un manifiesto los comités cívicos, que además amenazaron con un paro nacional si siguen las detenciones.

En su reporte semanal sobre el estado de la pandemia, la OMS explicó que el total global de casos de COVID-19 subió a principios de enero a casi 5 millones de infecciones semanales, pero después bajó a alrededor de 2,5 millones a mediados de febrero.
Según la agencia de salud de Naciones Unidas, la pasada fue la tercera semana consecutiva con un aumento de los nuevos casos en el todo mundo luego de semanas con una tendencia a la baja. América y Europa registraron más del 80% de los contagios y decesos por COVID-19 en la última semana, agregó.
En Europa, las nuevas infecciones se incrementaron en alrededor de un 6% mientras que las muertes “descendieron de forma consistente”, explicó la OMS, añadiendo que los peores datos se registraron en Francia, Italia y Polonia.
El repunte de los casos coincide con la paralización temporal en más de una docena de países, en su mayoría europeos, de la inmunización con la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford ante los reportes que la vincularían con posibles coágulos sanguíneos.
Tanto la OMS como la Agencia Europea de Medicamentos dicen que hasta la fecha no hay evidencias que relacionen el fármaco con los coágulos y que sus beneficios siguen superando el riesgo que suponen los efectos secundarios.

Queiroga reemplazará a Eduardo Pazuello, un general del ejército en activo con conocimientos de logística que llegó al cargo en mayo del año pasado a pesar de no tener experiencia en el sector salud.
Horas antes del anuncio, Pazuello reconoció en una conferencia de prensa que Bolsonaro pretendía sustituirlo. El primer candidato para ocupar el puesto, la cardióloga Ludhmila Hajjar, lo rechazó.
Pazuello fue el ministro de Salud que más tiempo estuvo en el cargo de los tres que lo han ocupado desde que empezó la pandemia. Esto pone de relieve los desafíos que enfrenta el gobierno de la nación más grande de Latinoamérica para implementar medidas efectivas para controlar la propagación del virus, o incluso para llegar a un acuerdo sobre qué medidas son necesarias.
Los dos predecesores de Pazuello dejaron el cargo en medio de desacuerdos con Bolsonaro, quien criticó las medidas de distanciamiento social y apoyó el uso de un medicamento antimalárico para tratar la enfermedad causada por el virus. El mandatario sigue teniendo esas posturas, a pesar de las reprimendas de los expertos en salud y de los estudios que muestran que tal medicamento no ayuda a tratar el COVID-19.
Pazuello demostró ser más complaciente. Inmediatamente después de asumir el cargo, su ministerio respaldó el uso y distribución del medicamento contra la malaria. En varias ocasiones, comentó que su jefe le decía qué hacer, y que él obedecía.

El presidente Bashar Assad y su esposa Asma tuvieron síntomas leves y siguieron trabajando desde casa. Regresarán a sus actividades normales una vez den negativo al COVID-19, afirmó el despacho presidencial.
Siria ha sufrido 16.656 casos del coronavirus, incluyendo 1.110 decesos en zonas controladas por el oficialismo, aunque lo más probable es que las cifras reales sean mucho más altas, particularmente en el norte donde el gobierno no controla.
Assad, de 55 años y su esposa Asma, de 45, se han practicado las pruebas y “gradualmente están regresando a la normalidad”, dice el comunicado de la presidencia. “Están en la etapa de recuperación”.
La primera dama sufrió de cáncer de seno y en el 2019 anunció que se había recuperado.
La pandemia, que ha afectado incluso a países desarrollados, ha sido devastadora para el sistema médico de Siria, ya dilapidado por años de guerra civil.
Siria ha estado sumida en una guerra civil desde hace 10 años, cuando una ola de protestas contra el gobierno, parte de la llamada Primavera Árabe, se convirtió en una insurgencia frente a la represión oficial. Cientos de miles de personas han perdido la vida y millones han tenido que abandonar sus hogares.
Días atrás, Siria inició una campaña de vacunación. El ministro de salud afirmó que el gobierno consiguió las vacunas de un país amigo al cual declinó identificar. No se ha revelado si Assad, quien asumió las riendas del gobierno tras el fallecimiento de su padre en el 2000, o algún otro miembro de su familia han sido vacunados.

El anuncio del martes llega exactamente un año después de que el primer adulto recibiera una dosis de prueba de la inyección creada en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Ahora la inyección se usa aquí y en muchos otros países.
Moderna también ha probado la vacuna en jóvenes de 12 a 17 años, pero aún no ha publicado los hallazgos. El estudio en niños más pequeños será más complejo, porque los investigadores necesitan determinar si usan dosis menores que en adultos y adolescentes.
El estudio tiene como objetivo inscribir a unos 6.750 niños en Estados Unidos y Canadá.