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Acusan BolsonaroSAO PAULO (AP) — La policía federal de Brasil informó el jueves que formuló cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 36 personas por presuntamente intentar un golpe de Estado para mantenerlo en el cargo tras su derrota en las elecciones de 2022.
La policía indicó que sus hallazgos serían entregados el jueves bajo sello al Supremo Tribunal Federal, el cual los remitirá al procurador general Paulo Gonet, quien decidirá si acusa formalmente a Bolsonaro y lo somete a juicio, o si desestima la investigación.
Bolsonaro dijo al sitio web Metropoles que estaba esperando que su abogado revisara la acusación, que supuestamente tiene unas 700 páginas. Sin embargo, afirmó que lucharía contra las acusaciones y calificó la investigación como resultado de la “creatividad”.
El expresidente derechista ha refutado todas las afirmaciones de que intentó perpetuarse en el cargo después de su derrota electoral en 2022 ante su rival, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Desde entonces, Bolsonaro ha enfrentado una serie de amenazas legales.
La policía dijo en un breve comunicado que el STF había acordado revelar los nombres de las 37 personas acusadas “para evitar la difusión de noticias incorrectas”.
También fueron acusados docenas de exasesores y asesores actuales de Bolsonaro, entre ellos el general Walter Braga Netto, quien fue su compañero de fórmula en la campaña de 2022; el excomandante del Ejército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal; y su asesor, el general Augusto Heleno.
Otras investigaciones han resultado en acusaciones por el papel que jugó Bolsonaro en el contrabando de joyas de diamantes a Brasil sin declararlas adecuadamente, y en exigirle a un subordinado que falsificara su estado de vacunación contra el COVID-19 y el de otros. Bolsonaro ha negado cualquier participación en ambos casos.
Otra investigación encontró que había abusado de su autoridad para poner en duda el sistema de votación del país, y los jueces le prohibieron postularse nuevamente hasta 2030.
Sin embargo, ha insistido en que se postulará en 2026, y muchos de sus allegados se sintieron alentados por la reciente victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, a pesar de las amenazas legales que enfrenta el exmandatario brasileño.
Pero las extensas investigaciones ya han debilitado el estatus de Bolsonaro como dirigente de la derecha brasileña, dijo Carlos Melo, profesor de ciencias políticas en la Universidad Insper en Sao Paulo.
“Bolsonaro ya está inhabilitado para postularse en las elecciones de 2026”, le dijo Melo a The Associated Press. “Y si es condenado también podría estar en prisión para entonces. Para evitar una condena, tendrá que convencer a los jueces del tribunal de que no tiene nada que ver con un complot que involucra a docenas de sus asesores. Eso es pedir mucho”, dijo Melo.
Un acta acusatoria sobre la supuesta intentona golpista significa que la investigación ha recopilado indicios de “un delito y su autor”, dijo Eloísa Machado de Almeida, catedrática de derecho en la Fundación Getulio Vargas, una universidad en Sao Paulo. Machado afirma que, a su criterio, existen suficientes fundamentos legales para que el procurador general presente cargos.
Los aliados de Bolsonaro en el Congreso han estado negociando una iniciativa de ley para indultar a las personas que tomaron por asalto la capital brasileña y se amotinaron el 8 de enero de 2023 en un intento fallido de mantener al expresidente en el poder. Los analistas han especulado que los legisladores quieren ampliar el alcance de la legislación para que Bolsonaro también pueda ser indultado.
Sin embargo, los esfuerzos por impulsar un proyecto de ley de amnistía de gran alcance pueden representar un “desafío político” en el contexto de los recientes ataques al poder judicial y los detalles que surjan en las investigaciones, dijo Machado.
El martes, la policía federal arrestó a cuatro militares y a un oficial de la policía federal acusados de conspirar para derrocar al gobierno tras las elecciones de 2022, incluyendo supuestos planes para asesinar a Lula y al juez del STF Alexandre de Moraes.
Y la semana pasada, un hombre llevó a cabo un ataque con bomba en la capital, Brasilia. Intentó ingresar al STF y lanzó explosivos en las inmediaciones del edificio, lo cual le ocasionó la muerte.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
(AP foto/Andre Penner)
By  GABRIELA SÁ PESSOA and MAURICIO SAVARESE

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OrtegaaCIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso el miércoles una reforma constitucional que lo convertiría oficialmente a él y a su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo, en “copresidentes” de la nación centroamericana.
Si bien la iniciativa debe pasar por la legislatura del país, el partido Sandinista de Ortega y Murillo controla el Congreso y todas las instituciones gubernamentales, por lo que es probable que sea aprobada.
La propuesta también busca ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años. Ortega presentó otro proyecto de ley el miércoles que haría ilegal que cualquiera aplique sanciones de Estados Unidos u otros organismos extranjeros “dentro del territorio nicaragüense”.
La oficina del secretario general de la Organización de los Estados Americanos condenó el miércoles las reformas constitucionales propuestas.
“El documento ‘reforma’ es ilegítimo en su forma y contenido, solo constituye una forma aberrante de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es un ataque definitivo al Estado democrático de derecho”, indicó en un comunicado.
Las propuestas llegan en medio de una represión en curso por parte del gobierno de Ortega desde las protestas sociales masivas de 2018 que el gobierno reprimió violentamente.
El gobierno de Nicaragua ha encarcelado a adversarios, líderes religiosos, periodistas y otros, para luego exiliarlos y despojar a cientos de personas de su ciudadanía y sus posesiones nicaragüenses. Desde 2018, ha clausurado más de 5.000 organizaciones , en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles de personas a huir del país.
Los grupos disidentes, incluida la Alianza Universitaria Nicaragüense, rápidamente se opusieron a las medidas, calificándolas de extensión de esa represión.
“Están institucionalizando el nepotismo y la represión, destruyendo el estado de derecho. La democracia enfrenta su mayor amenaza”, escribió la organización en la plataforma de redes sociales X el miércoles.
Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo del Diálogo Interamericano, dijo que las reformas propuestas por Ortega “no son más que una formalización automática de una decisión para garantizar la sucesión presidencial” de Murillo y su familia. Ortega se ha referido a Murillo anteriormente en los últimos años como su copresidente.
Si bien el rechazo a las sanciones internacionales no tendría un impacto inmediato, Orozco dijo que podría poner al país en un “alto riesgo financiero” y arriesgarse a mayores sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Orozco dijo que la reforma constitucional a la presidencia es parte de un plan a largo plazo para que la administración permanezca en el poder, y fue impulsada el miércoles como una forma de evitar provocar a la administración entrante del presidente electo estadounidense, Donald Trump .
El analista dijo que Trump puede no priorizar la represión de las libertades democráticas en lugares como Nicaragua, pero tampoco es probable que “tolere provocaciones”.
“El procedimiento, además de burlar la voluntad popular, el estado de derecho, crea la vía para darle a Ortega más tiempo para mantenerse en el poder”, dijo Orozco. Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo de cinco años en noviembre de 2021.
Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america
(Foto AP/Alfredo Zúniga, Archivo)
Por  MEGAN JANETSKY

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El Mundo
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Canada preocupacionesTORONTO (AP) — La encargada de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá en Canadá dijo el martes que comparte las preocupaciones de su país acerca de que México sirva como puerta trasera para que China importe bienes más baratos al mercado norteamericano mientras se avecina una revisión del pacto comercial conocido como Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.
La viceprimera ministra Chrystia Freeland dijo que miembros de la administración saliente del presidente estadounidense Joe Biden y partidarios y asesores del presidente electo Donald Trump le han expresado preocupaciones “muy graves” sobre el tema y Canadá las comparte.
“Estamos perfectamente alineados con Estados Unidos y eso significa que no somos una puerta trasera para el comercio injusto de productos chinos”, dijo Freeland durante una conferencia de prensa. “No se puede decir lo mismo de México”.
Canadá anunció este año que aplicará un arancel del 100% a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China , en línea con los aranceles que impuso Estados Unidos debido a lo que los países afirman son subsidios de China que le dan a su industria una ventaja injusta. Canadá también impuso un arancel del 25% al ​​acero y el aluminio chinos. México no tiene aranceles similares.
“Creemos que el exceso de capacidad intencional de China es injusto y representa una amenaza para sectores industriales clave de Canadá. Es una amenaza para los empleos canadienses y es por eso que hemos impuesto aranceles del 100 % a los vehículos eléctricos chinos y del 25 % al acero y al aluminio chinos”, afirmó Freeland.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de México no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, llamó a Trump después de su victoria electoral y ambos hablaron sobre el acuerdo comercial que Trump alcanzó durante su primer mandato con Canadá y México, el T-MEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN.
Ottawa tendrá que centrarse próximamente en una revisión del acuerdo prevista para 2026.
Doug Ford, el primer ministro de la provincia más poblada de Canadá, Ontario, sugirió este mes que Canadá debería seguir adelante con un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos si México no toma medidas drásticas contra las importaciones de automóviles chinos que ingresan a América del Norte.
Durante la reciente campaña electoral estadounidense, Trump propuso aranceles del 10% al 20% sobre los productos extranjeros, y en algunos discursos mencionó porcentajes incluso más altos.
Freeland preside un comité especial del gabinete sobre las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, cuyo objetivo es abordar las preocupaciones sobre una nueva presidencia de Trump. Freeland habló con los periodistas el martes después de una reunión del comité.
Durante el primer mandato de Trump, su decisión de renegociar el TLCAN y los informes de que estaba considerando aplicar un arancel del 25% al ​​sector automotriz se consideraron una amenaza existencial en Canadá en ese momento.
Canadá es uno de los países más dependientes del comercio en el mundo, y el 75% de sus exportaciones, que incluyen automóviles, se destinan a Estados Unidos.
Freeland dijo que este es un “momento serio para nuestro país” y pidió a los líderes canadienses del sector empresarial y gubernamental que se unan.
(Patrick Doyle/The Canadian Press vía AP)
Por  ROB GILLIES

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El Mundo
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44.000 muertosDEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El número de muertos en la Franja de Gaza debido a los 13 meses de guerra entre Israel y Hamás ha superado los 44.000, informaron el jueves funcionarios locales de salud.
El Ministerio de Salud de Gaza no distingue entre civiles y combatientes en su conteo, pero ha indicado que más de la mitad de los fallecidos son mujeres y niños. El Ejército israelí afirma haber matado a más de 17.000 milicianos, sin proporcionar pruebas.
El Ministerio de Salud dijo que 44.056 personas han muerto y 104.268 han resultado heridas desde el inicio de la guerra. Ha señalado que el número real es mayor porque miles de cuerpos siguen enterrados bajo escombros o en áreas a las que los médicos no pueden acceder.
La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 250. Alrededor de 100 rehenes aún están dentro de Gaza, de los cuales se cree que al menos un tercio ha muerto. La mayoría de los demás fueron liberados durante un alto al fuego el año pasado.
La ofensiva israelí ha causado una gran destrucción en amplias áreas del territorio costero, llevando a muchos a preguntarse cuándo o cómo se reconstruirá. Alrededor del 90% de la población de 2,3 millones de personas ha sido desplazada, a menudo varias veces, y cientos de miles viven en campamentos de tiendas insalubres con poca comida, agua o servicios básicos.
Israel dice que intenta evitar dañar a los civiles y culpa de sus muertes a Hamás porque los milicianos operan en áreas residenciales, donde han construido túneles, lanzacohetes y otra infraestructura militar.
Funcionarios palestinos y grupos de derechos humanos acusan a las fuerzas israelíes de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y el tribunal superior de las Naciones Unidas está considerando alegaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica. El gobierno israelí niega rotundamente las acusaciones y acusa a los críticos de tener prejuicios en su contra.
En las últimas semanas, la cantidad de ayuda humanitaria que entra en Gaza ha disminuido drásticamente, lo que llevó a Estados Unidos a amenazar con reducir su apoyo militar a Israel antes de retractarse, citando un progreso limitado. Los expertos han advertido que el norte de Gaza, aislado y devastado por la guerra, ya podría estar experimentando una hambruna.
Estados Unidos, Egipto y Qatar pasaron meses intentando negociar un acuerdo de alto al fuego en el que Hamás liberaría a los rehenes restantes a cambio de poner fin a la guerra. Esas conversaciones se paralizaron durante el verano, mientras Israel y Hamás se acusaban mutuamente de hacer demandas inaceptables.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido poner fin a las guerras en Medio Oriente sin decir cómo. Su administración anterior brindó un apoyo sin precedentes a Israel y a las políticas de línea dura del primer ministro Benjamin Netanyahu hacia los palestinos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
(AP Foto/Abdel Kareem Hana)
By  WAFAA SHURAFA and FATMA KHALED

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El Mundo
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Evo escaparaLA PAZ, Bolivia (AP) — El expresidente boliviano Evo Morales aseguró el lunes que no huirá del país y que su intención es mantenerse en la carrera electoral para las presidenciales del próximo año, frente a la investigación que tiene en su contra por presunto abuso a una menor de 15 años cuando él era presidente. Según Morales, el gobierno de Luis Arce intenta impedir que sea el candidato del oficialismo.
A pesar de la “persecución política” y de intentos por “proscribirlo”, Morales se aferró a sus intenciones políticas y, desde su feudo cocalero de Chapare, en el centro del país, aseguró que sigue habilitado para participar en las elecciones de 2025 y que sigue “siendo presidente del Movimiento al Socialismo (MAS)”.
Las afirmaciones del exmandatario llegan apenas cuatro días después de que el Tribunal Constitucional ratificara un fallo que inhabilita a Morales para volver a postularse como candidato presidencial y que, ante la pugna interna en el oficialismo, anuló la jefatura de Morales y reconoció como dirigente del partido al nombrado por el sector afín a Arce.
Morales afirmó: “Buscan inhabilitarme políticamente y buscaron eliminarme físicamente”. Momentos antes, calificó la situación de Bolivia de ser “peor que en las dictaduras militares”.
Arce y Morales están enfrentados por el control del aparato oficialista de cara a las elecciones del próximo año, lo que ha sumido al MAS en la peor crisis en los 18 años que lleva gobernando Bolivia. El mandatario acusa a su mentor de ser el causante de la crisis económica, de conspirar para acortar su mandato y de un boicot con bloqueos carreteros por “un interés personal”, en referencia al proceso penal que la fiscalía tiene en contra de Morales.
Partidarios del exmandatario bloquearon por semanas varias vías, dejando afectaciones en la economía nacional, para evitar que Morales sea detenido por una investigación que le abrió la fiscalía por presunto abuso de una menor de 15 años cuando era mandatario en 2016. Desde entonces, el político de 65 años está resguardado en Chapare protegido por dirigentes de los cocaleros.
Más de un centenar de dirigentes afines a Morales están detenidos por los bloqueos.
Según el exmandatario, en medio de esas protestas, se produjo un atentado en su contra. El lunes presentó de manera virtual el documental denominado “intento de magnicidio a Evo Morales” sobre el ataque que sufrió el 27 de octubre cuando, según su versión, “agentes encapuchados” dispararon 14 proyectiles a su coche.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio entonces una explicación diferente. Relató que el exmandatario resistió una “requisa rutinaria” de una patrulla antidroga, que hubo disparos desde el coche que acompañaba a Morales y que en su huida intentó atropellar a un policía.
Ese día, Morales y sus acompañantes se dirigían a un programa de radio y el exmandatario aseguró que los agentes buscaban asesinarlo, después dijo que intentaron detenerlo y que los atacantes huyeron hacia un cuartel cercano.
Ese episodio, señaló sin aportar pruebas, fue “planificado desde el gobierno con participación de la DEA”, la agencia antidroga de Estados Unidos.
(AP Foto/Juan Karita)
By  ASSOCIATED PRESS
  1. Brasil acoge cumbre de G20 y se centra en combatir hambre en medio de guerras y el regreso de Trump
  2. El enviado de EEUU busca un cese al fuego en Líbano mientras la crisis alimentaria empeora en Gaza
  3. Venezuela libera de prisión a algunos de los miles de detenidos tras elecciones presidenciales
  4. El presidente de Guatemala ordena a la fuerza pública no acatar órdenes “ilegales” de la fiscalía

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