CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una corte de apelaciones de Guatemala revocó el martes el arresto domiciliario concedido recientemente al periodista José Rubén Zamora, reconocido por sus denuncias contra la corrupción y quien lleva casi dos años en prisión por lavado de dinero.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción guatemalteca apeló la decisión de mayo pasado de un tribunal de otorgarle arresto domiciliario para que pudiera ser excarcelado.
Esa medida sustitutiva revocaba una de las dos órdenes de prisión en contra del periodista por dos casos distintos que la fiscalía lleva contra el comunicador, y por los que nunca dejó la cárcel.
Zamora, de 67 años, está preso desde julio de 2022 cuando fue acusado por el Ministerio Público por lavado de dinero, por un monto de unos 38.000 dólares, y en junio del año pasado fue sentenciado a seis años de prisión. La condena también quedó en suspenso por decisión judicial por errores en el proceso.
El periodista ha negado las acusaciones y ha cuestionado que en el juicio no se le permitiera aportar pruebas a su favor para aclarar el origen del dinero.
En su fallo, los magistrados de la corte de apelaciones argumentan que la defensa de Zamora no presentó medios que demostraran que habían variado las circunstancias que motivaron la orden de prisión inicial.
Cuando el juez de la causa ordenó su prisión hace dos años dijo que lo hacía porque Zamora tenía un medio de comunicación que podía usar para obstruir la investigación. El diario El Periódico, del que el periodista era fundador, desapareció hace un año.
La sala de apelaciones también usó como argumento una formalidad procesal —por falta de información precisa— al cuestionar que en el audio grabado durante la audiencia donde le fue concedido el arresto domiciliar “no se escucha que la defensa, así como ninguno de los sujetos procesales... indiquen qué juzgado fue el que dictó el auto de prisión preventiva y la fecha del mismo”.
En consecuencia, ordenó al tribunal que dictó la medida a favor de Zamora que realice algunas diligencias para luego volver a tomar una decisión respecto de la solicitud de arresto domiciliar en lugar de cárcel.
“Lo que hizo la Sala es puro hostigamiento, es una guerra psicológica de la fiscalía y de los querellantes contra mi papá; demuestran su desesperación por continuar dilatando el proceso de forma maliciosa”, dijo José Zamora Marroquín, hijo del periodista.
Zamora Marroquín explicó que la resolución no hace nada más que ordenarle al tribunal realizar algunos formalismos adicionales. “Sabemos que más temprano que tarde a mi papá lo van a declarar inocente y dejar en libertad”, defendió.
“Lo que más extraña es que en casos de gran corrupción la fiscalía no apela las decisiones a favor de los corruptos, pero cuando se trata de criminalizar a operadores de justicia o periodistas allí sí apela todo”, cuestionó el hijo del comunicador.
Varias organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la Sociedad Interamericana de Prensa y otros han levantado su voz en favor del periodista y denunciado que hay una criminalización en su contra por investigar hechos de corrupción
Zamora era presidente del diario guatemalteco El Periódico, un matutino especializado en denuncias anticorrupción que desapareció luego de su detención.
El periodista considera que las publicaciones de ese medio sobre casos de corrupción en la justicia y durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei motivaron la persecución de la fiscalía en su contra. La fiscal general, Consuelo Porras, que está sancionada en Estados Unidos por socavar la democracia y la lucha anticorrupción, fue nombrada por Giammattei.
Zamora reconoció en una entrevista reciente a la AP desde su celda que sus condiciones penitenciarias habían mejorado después de que el presidente Bernardo Arévalo asumió el poder en enero pasado.
El mandatario mantiene un enfrentamiento con la fiscal Porras, a quien le ha pedido la renuncia, desde que en periodo electoral la titular del Ministerio Público iniciara una arremetida judicial contra el partido del entonces candidato, contra el propio Arévalo y contra el proceso electoral para que fuera anulado.
BUENOS AIRES (AP) — La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, indicó el martes que el caso por la desaparición de un niño de 5 años hace 12 días pasa a ser confidencial y que habrá sanciones para quienes pongan en riesgo la investigación, que apunta a una posible red de trata de personas.
Bullrich se reunió con autoridades locales y con la jueza que lleva la causa en Goya, en la provincia de Corrientes donde Loan Danilo Peña fue visto por última vez, e indicó que el expediente pasará al fuero federal en las próximas horas por el posible delito de secuestro de persona.
La ministra no dio detalles sobre si hay avances en la búsqueda del menor, que mantiene en vilo al país.
El niño de 5 años lleva 12 días desparecido desde el mediodía del jueves 13 de junio cuando estaba en un almuerzo con familiares en la vivienda de su abuela paterna. El lugar es una humilde casa de campo cercana a la localidad de 9 de Julio.
Hay seis personas en prisión preventiva, entre ellas, un tío del menor y un comisario policial señalado por presunto encubrimiento. Los otros cinco bajo la imputación de captación de personas con fines de explotación.
La ministra mantuvo una reunión de unas tres horas y media con la jueza que maneja la causa, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, y afirmó que a partir de ahora habrá confidencialidad en la investigación. “Cada dato que se haga público puede poner en peligro la situación”, justificó.
Advirtió además que habrá “sanciones a aquellos que puedan poner en peligro la investigación”.
La desaparición del menor, que acapara la atención de la opinión pública argentina, ha movilizado a distintas fuerzas de seguridad —entre provinciales y federales— que ya han rastrillado unas 30.000 hectáreas.
Funcionarios argentinos comenzaron a trabajar de manera conjunta el lunes con las policías de Paraguay y Brasil, países limítrofes y cercanos a 9 de Julio. Esa población está a 200 kilómetros al sur de territorio paraguayo.
La ministra de Seguridad cuestionó el día anterior la investigación “poco prolija” que habría hecho la justicia de Corrientes en la primera fase de la pesquisa y rechazó que recién el lunes pudieron acceder al expediente.
Uno de los detenidos es el comisario de la localidad, Walter Maciel, a quien acusan de presunto encubrimiento. “Son las cosas que duelen mucho”, comentó Bullrich. “Siempre duele que alguien que lleva un uniforme termine detenido”.
Los otros cinco sospechosos son un matrimonio integrado por un marino retirado y una exfuncionaria de la localidad de 9 de Julio, así como un tío del niño y una pareja amiga de este último.
La mayoría de los sospechosos participaron el 13 de junio en el almuerzo en la casa de la abuela. Los investigadores intentan determinar si el matrimonio detenido pudo haber trasladado en una camioneta y en un automóvil a Loan Danilo Peña el día de su desaparición, a raíz de que perros entrenados detectaron rastros del menor en ambos vehículos.
“Vinimos a ordenar los caminos de búsqueda de esta desaparición para que este caso de Loan llegue a una salida feliz”, declaró Bullrich.
TILA, México (AP) — Era de noche cuando los residentes de este remoto pueblo comenzaron a escuchar disparos. Luego llegaron los ruidos de los camiones y las voces de los hombres discutiendo qué casas quemar.
Las llamas comenzaron a saltar alrededor de Tila, un pueblo de unas 10.000 personas que viven en calles empinadas rodeadas de montañas en el estado sureño de Chiapas. A cinco horas de tiroteos les siguieron tres días en los que la gente del pueblo se escondió dentro de sus casas esperando ayuda.
Su única información provino de plataformas de redes sociales que rápidamente se llenaron de mensajes amenazantes. Circuló un vídeo que mostraba a un niño parado en un tejado agitando una bandera blanca ante un supuesto helicóptero militar.
Finalmente aparecieron los soldados y unas 5.000 personas huyeron de Tila con lo que podían llevar. Fue uno de los mayores desplazamientos de personas en el sur de México desde la década de 1990 y sólo el último ejemplo de los desafíos de seguridad que aguardan al próximo presidente de México .
Leonel Jiménez, profesor, pasó tres días refugiado con su madre y su hermano de 12 años. Todos los días llamó al 911 y recibió la misma respuesta: estaban a cargo. Tres semanas después, están acampados en un pueblo cercano y temen regresar.
"Tenemos líderes que no quieren hacer nada", dijo.
Tila es uno de los muchos pueblos de Chiapas donde conflictos sociales de décadas de antigüedad se mezclan con grupos armados, corrupción política y, más recientemente, incursiones del crimen organizado en un vacío de autoridad gubernamental.
Los cárteles de los estados norteños de Sinaloa y Jalisco luchan por territorio en todo México y durante más de un año han llevado esa lucha a Chiapas, a lo largo de su frontera con Guatemala . Luchan por controlar las lucrativas rutas de contrabando de drogas, inmigrantes y armas.
Algunos grupos no gubernamentales en el área dicen que no está claro si esos poderosos cárteles se están aprovechando de un conflicto de décadas por la tierra entre los pueblos indígenas y otros en Tila, pero algunos ven señales de su presencia. Otros, como un sacerdote local, sugirieron que una facción de la ciudad podría haber pedido ayuda a un cartel contra sus rivales. O alguien en la disputa podría simplemente estar utilizando la temible reputación de los cárteles para sembrar el terror, como se ha visto en otros estados.
En Tila, la mayoría de las puertas y ventanas permanecen cerradas. Decenas de soldados y policías custodian las entradas de la ciudad y la plaza central. Algunos residentes que huyeron hacen viajes rápidos de regreso para recoger sus pertenencias y volver a irse.
“Hay que irse, porque aquí no hay vida”, dijo entre lágrimas Rafael Gutiérrez mientras vaciaba su casa. Se ganaba la vida conduciendo por las calles de Tila poniendo anuncios en un altavoz grande en la parte superior de su Volkswagen Beetle, pero ahora dice: “No podemos vivir con esta ansiedad”.En Tila, la mayoría de las puertas y ventanas permanecen cerradas. Decenas de soldados y policías custodian las entradas de la ciudad y la plaza central. Algunos residentes que huyeron hacen viajes rápidos de regreso para recoger sus pertenencias y volver a irse.
“Hay que irse, porque aquí no hay vida”, dijo entre lágrimas Rafael Gutiérrez mientras vaciaba su casa. Se ganaba la vida conduciendo por las calles de Tila poniendo anuncios en un altavoz grande en la parte superior de su Volkswagen Beetle, pero ahora dice: “No podemos vivir con esta ansiedad”.En Tila, la mayoría de las puertas y ventanas permanecen cerradas. Decenas de soldados y policías custodian las entradas de la ciudad y la plaza central. Algunos residentes que huyeron hacen viajes rápidos de regreso para recoger sus pertenencias y volver a irse.
“Hay que irse, porque aquí no hay vida”, dijo entre lágrimas Rafael Gutiérrez mientras vaciaba su casa. Se ganaba la vida conduciendo por las calles de Tila poniendo anuncios en un altavoz grande en la parte superior de su Volkswagen Beetle, pero ahora dice: “No podemos vivir con esta ansiedad”.En Tila, la mayoría de las puertas y ventanas permanecen cerradas. Decenas de soldados y policías custodian las entradas de la ciudad y la plaza central. Algunos residentes que huyeron hacen viajes rápidos de regreso para recoger sus pertenencias y volver a irse.
“Hay que irse, porque aquí no hay vida”, dijo entre lágrimas Rafael Gutiérrez mientras vaciaba su casa. Se ganaba la vida conduciendo por las calles de Tila poniendo anuncios en un altavoz grande en la parte superior de su Volkswagen Beetle, pero ahora dice: “No podemos vivir con esta ansiedad”.
Durante más de 60 años, Tila ha estado dividida entre los campesinos indígenas que trabajan las tierras comunales circundantes y los que viven en el pueblo y tienen títulos de propiedad. Los agricultores creen que la ciudad también es tierra comunal, lo que es la raíz del conflicto.
Los agricultores apoyaron el levantamiento zapatista de 1994, una breve insurgencia armada en Chiapas que exigía más derechos para los pueblos indígenas. Algunos habitantes de Tila se aliaron con grupos paramilitares que el gobierno utilizó para tratar de controlar a los guerrilleros después de los acuerdos de paz.
A lo largo de los años han continuado los asesinatos y abusos ocasionales dirigidos especialmente contra los agricultores.
Las cosas se intensificaron en 2015 cuando los agricultores, cuyo reclamo territorial sobre las tierras de la ciudad llegó hasta la Corte Suprema, expulsaron a las autoridades electas de Tila e impusieron el autogobierno comunal. El tribunal superior aún no ha tomado una decisión en el caso de la tierra.
En las afueras de Tila, los agricultores se reunieron la semana pasada para discutir la situación. Los agricultores, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a The Associated Press que quemaron las casas en Tila en la violencia del 4 de junio, pero dijeron que fue un acto selectivo que siguió a un ataque a una de sus patrullas de la policía comunal. Dijeron que las casas quemadas pertenecían a personas aliadas con el cartel de Sinaloa.
"Hubo disparos porque no había otra opción", dijo un agricultor. “Nosotros, los legítimos nativos de Tila, los expulsamos. Esos asesinos necesitan salir de aquí”. Dijo que los atacados contaban con el apoyo de las autoridades locales, estatales y federales, así como del cartel.
Algunos de los habitantes que huyeron de Tila sostienen que fueron los agricultores quienes llevaron a los cárteles a las largas disputas de la ciudad, acusándolos de aliarse con el cártel Jalisco Nueva Generación. Los agricultores niegan tener vínculos con el cártel.
El presidente Andrés Manuel López Obrador restó importancia al conflicto la semana pasada, diciendo que se trataba de una disputa local. En mayo, algunos residentes de Tila le pidieron al presidente que interviniera mientras estaba de gira por Chiapas, diciendo que sentían que el conflicto estaba a punto de estallar.
Ese mismo mes, un grupo de personas enmascaradas en otras partes de Chiapas detuvo el convoy de Claudia Sheinbaum (entonces candidata aliada de López Obrador y ahora presidenta electa) para quejarse de que el gobierno no está haciendo nada respecto de los problemas de seguridad de la zona.
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La Iglesia católica está intentando mediar en el conflicto, abriendo un diálogo con las facciones.
El reverendo Alejandro Ornelas, sacerdote del Santuario Señor de Tila, dijo que cree que el crimen organizado ahora puede estar involucrado con ambos lados. Sin nombrarlos, dijo que el grupo armado de agricultores, conocido como “Autónomos”, así como un grupo de pueblos circundantes apoyado por algunos habitantes de Tila, llamado “Karma”, están tratando de obtener armas.
Los cárteles pueden estar interesados en controlar el territorio porque conecta la frontera sur con el Golfo de México y la capacidad de mover drogas a través de allí.
Elisabeth Vázquez, que regenta una pequeña tienda de comestibles frente a la iglesia y no huyó, ha notado un cambio. "Disparan por todos lados, las clases (escolares) son inconsistentes, van y vienen en motocicletas y no sabemos quiénes son", dijo.
Lo que está claro es que la violencia del 4 de junio dio credibilidad a las amenazas gráficas que circularon en línea en los días siguientes para crear un pánico masivo.
Jiménez, la maestra, dijo que en grupos de WhatsApp y Facebook había “amenazas de muerte, amenazas de violación de mujeres y niñas, de reclutamiento forzado”, todas atribuidas a los “Autónomos”, el grupo apoyado por los campesinos.
Seis agricultores han sido arrestados en relación con el ataque, pero los miembros de la comunidad indígena dicen que las amenazas en las redes sociales no tuvieron nada que ver con los agricultores y califican la atribución a “Autonomos” como mentira. Fue información errónea proveniente de sus enemigos, dicen.
Los mensajes advertían que todo Tila iba a arder y circularon grabaciones de audio hablando de las poderosas armas calibre .50 que usarían y diciendo que Jalisco Nueva Generación se sumaba a la lucha.
Una foto de una familia asesinada circuló. Los desplazados también compartieron rumores espantosos, pero no confirmados, de que le arrancaron un corazón y bebieron sangre durante la noche de caos.
Si bien las autoridades solo confirmaron que dos personas (un hombre y un niño) murieron, además del incendio de 17 casas y 21 vehículos, muchos habitantes creyeron todo lo que vieron en línea. Entonces, cuando 500 soldados aparecieron tres días después del ataque y retiraron los árboles talados que bloqueaban las salidas de la ciudad, aproximadamente la mitad de los residentes huyeron.
“Cuando llegó el ejército nos dijeron que nos fuéramos porque podía empeorar”, dijo Eduardo Pérez, otro maestro y padre de cinco hijos. “Evacuamos”.
También se fue Miguel Ángel Lugo, empleado del Instituto Nacional Electoral. “No sabíamos lo que podría pasar. Hubo amenazas de que todos los que se quedaran iban a ser perjudicados”, dijo.
Las autoridades están luchando por convencer a los desplazados de que es seguro regresar a Tila.
Los que huyeron exigen que se establezca un puesto militar permanente en Tila para protegerlos, algo que los agricultores rechazan porque no confían en el ejército.
“Queremos que nos den garantías de seguridad”, dijo Dora María Hernández, una ingeniera que vivió con su familia durante más de dos semanas cerca del pueblo de Yajalon después de huir de Tila. “La pequeña (su hija) está traumatizada. Dice que ve hombres armados en sus sueños”.
Un hombre que vende ropa y repara motocicletas dijo: “No tengo a dónde regresar”. El hombre, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, huyó con 14 familiares después de que su casa fuera incendiada.
Cuestionado sobre si era miembro de Karma, sólo dijo que se llevaba bien con todos, pero agregó que “si hubieran llegado los narcos esto no hubiera pasado. Habrían defendido el pueblo”.
BOGOTÁ, Colombia (AP) — Colombia inició el lunes conversaciones de paz con el grupo rebelde Segunda Marquetalia, mientras el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro intenta pacificar las zonas rurales del país que han experimentado un aumento de la violencia a pesar de los esfuerzos por negociar altos el fuego con varios grupos armados.
Las conversaciones se anunciaron en Caracas, Venezuela, en una ceremonia que incluyó a delegados del gobierno y líderes rebeldes que firmaron un acuerdo de paz en 2016 pero luego tomaron las armas nuevamente después de decir que se habían desilusionado con la implementación del acuerdo.
“Queremos participar en la política sin recurrir al uso de las armas”, dijo el negociador principal de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza. “La condición para ello será que el gobierno cumpla su parte de los acuerdos”.
Con unos 2.000 combatientes, la Segunda Marquetalia es uno de los grupos rebeldes más pequeños del país. La decisión del gobierno de iniciar conversaciones de paz con el grupo ha sido criticada por líderes de la oposición colombiana que acusan a Petro de ser blando con el crimen.
Las negociaciones con la Segunda Marquetalia son controvertidas porque el grupo está liderado por miembros de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, que firmaron el acuerdo de paz pero retomaron las armas, ya que algunos de ellos enfrentaban investigaciones por narcotráfico.
“Por el bien de la paz, deseo buena suerte en estas conversaciones”, escribió en la plataforma de redes sociales X Humberto de la Calle, senador que fue el principal negociador del gobierno en las conversaciones de paz con las FARC de 2016. “Pero esto envía un terrible mensaje a la sociedad: que los tramposos y los que no cumplen su palabra pueden salir adelante”.
Los funcionarios del gobierno dijeron que la constitución de Colombia les otorga el mandato de poner fin a los conflictos por medios pacíficos.
“Ninguno de los conflictos actuales en Colombia comenzó con el presidente Petro”, dijo Armando Novoa, el principal negociador del gobierno. "Pero tenemos el deber ético y moral de proteger a las víctimas, las comunidades y las personas en zonas del país que han estado olvidadas durante mucho tiempo".
El grupo Segunda Marquetalia está dirigido por Luciano Marín, un ex comandante de las FARC que fue el principal negociador del grupo en las conversaciones de paz que llevaron al desarme de más de 13.000 combatientes rebeldes.
Los ex rebeldes se libraron de las penas de prisión y se les otorgaron 10 escaños en el Congreso de Colombia como parte del acuerdo de paz de 2016, incluido un escaño en el Senado que fue otorgado a Marín, más conocido por su nombre de guerra de Iván Márquez.
Pero el líder rebelde se cansó del acuerdo de paz en 2018, después de que uno de sus camaradas cercanos, Seuxis Paucias, fuera arrestado por la policía colombiana con una orden de arresto estadounidense, por presuntamente conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
A medida que la investigación se acercaba a Marin, el comandante rebelde desapareció de los eventos públicos, se retiró a la jungla y anunció la creación de su nuevo grupo rebelde en un video de agosto de 2019 en el que afirmaba haber sido traicionado por el gobierno.
Marín ha estado luchando contra el Estado colombiano desde entonces con su grupo Segunda Marquetalia, pero comenzó a mantener conversaciones en privado el año pasado con funcionarios de la administración Petro en lugares secretos de Venezuela.
El lunes, Marin hizo su primera aparición en público desde su vídeo de 2019.
El líder rebelde lució su característica barba y pronunció un discurso en el que acusó a los funcionarios colombianos de intentar “atrapar” a él y a otros exmiembros de las FARC con investigaciones de narcotráfico.
Marín señaló que Petro estaba haciendo “esfuerzos honestos” para abordar la pobreza y la desigualdad e insinuó que es necesaria una reforma de la constitución de Colombia para que prospere un acuerdo político, haciéndose eco de las declaraciones hechas por Petro en los últimos meses.
“En otros momentos de la historia, (los líderes políticos) han optado por cambiar los marcos legales existentes”, dijo Marín. “En nuestra visión, coincidimos con quienes dicen que es hora de poner en marcha procesos dinámicos que generen las condiciones para una redefinición de las normas que regulan nuestra sociedad”.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Los manifestantes llegaron a la capital de Bolivia, con la garganta ronca por los cánticos y los pies llenos de ampollas después de una semana de caminar por la carretera nacional.
Las multitudes de vendedores ambulantes de la vasta fuerza laboral informal del país sudamericano terminaron su marcha de casi 100 kilómetros (60 millas) desde las llanuras montañosas de Bolivia con un llamado que provocó años de creciente ira por las reservas de divisas del país, que se están agotando peligrosamente. : “¡Queremos dólares!”
Con los precios en alza, los dólares escasos y las colas que se alejan de las gasolineras con escasez de combustible, las protestas en Bolivia se han intensificado por el precipitado declive de la economía, que pasó de ser una de las de más rápido crecimiento del continente hace dos décadas a una de las más afectadas por la crisis en la actualidad .
“Podemos cambiar el país porque somos el motor de la producción”, dijo Roberto Ríos Ibáñez, secretario general de la Confederación de Comerciantes de Bolivia, mientras los cansados manifestantes se detenían para almorzar a su alrededor en el centro de la capital, congestionado por el tráfico. “El gobierno no escucha. Por eso estamos en las calles”.
El atolladero financiero de Bolivia se debe, al menos en parte, a una brecha sin precedentes en los niveles más altos del partido de gobierno.
El presidente Luis Arce y su antiguo aliado, el ícono izquierdista y expresidente Evo Morales , están luchando por el futuro del escindido Movimiento al Socialismo de Bolivia, conocido por su acrónimo en español MAS, antes de las elecciones de 2025.
La lucha política ha paralizado los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la creciente desesperación económica y los analistas advierten que el malestar social podría explotar en la históricamente turbulenta nación de 12 millones de habitantes.
Las grietas en el partido de gobierno se abrieron en 2019 , cuando Morales, entonces el primer presidente indígena de Bolivia, se postuló para un tercer mandato inconstitucional . Ganó una votación disputada y plagada de acusaciones de fraude, lo que desató protestas masivas que causaron 36 muertes y llevaron a Morales a renunciar y huir del país.
Después de que un gobierno interino tomó el control en lo que el MAS llamó un golpe de estado , el sucesor elegido por Morales, Arce, ganó las elecciones con una promesa de campaña de restaurar la prosperidad en Bolivia, que alguna vez fue la principal fuente de gas natural de América Latina.
Arce había sido ministro de Finanzas de Morales y supervisó años de fuerte crecimiento y baja inflación, pero al asumir la presidencia en 2020 se encontró con un panorama económico sombrío debido a la pandemia de coronavirus . La disminución de la producción de gas selló el fin del modelo económico boliviano que arruinaba el presupuesto.
Aún muy popular entre las comunidades indígenas, los cultivadores de coca y los trabajadores sindicales de Bolivia , Morales vio una oportunidad. Después de regresar del exilio , el carismático populista anunció el año pasado planes para presentarse a las elecciones de 2025, poniéndose en camino de colisión con Arce, de quien se espera que busque la reelección.
“Bolivia tiene una mayoría indígena y la gente apoyará instintivamente a alguien como Morales basándose en lo que representa”, dijo Diego von Vacano, experto en política boliviana de la Universidad Texas A&M y ex asesor informal de Arce. “Ahora tienen el factor de empuje, la falta de éxito de la administración de Arce”.
A principios de este mes, Morales atrajo a decenas de miles de leales a Cochabamba, al sureste de La Paz, galvanizando su bastión rural.
“Vamos a ganar las elecciones y vamos a salvar a Bolivia”, bramó un Morales triunfante en un estadio lleno de seguidores que agitaban wiphalas, los tableros de ajedrez de colores brillantes que representan a los muchos pueblos de Bolivia.
Arce cuestiona la legitimidad de la campaña de Morales, argumentando que un fallo de la Corte Constitucional de 2023 le impide postularse.
Los expertos legales dicen que no está tan claro.
"Hemos visto a ambos políticos manipular los tribunales para decidir cuestiones políticas que tienen una importante relación con la constitución", dijo Eduardo Rodríguez Veltzé, un juez boliviano que sirvió como presidente en 2005-2006.
Morales, quien proclamó en su discurso que “hemos cumplido las reglas”, ha amenazado con desatar disturbios masivos si es descalificado para postularse.
Mientras tanto, con la crisis de liquidez negando el acceso a dólares para pagar a los proveedores en el extranjero, los comerciantes bolivianos han producido escenas extraordinarias en la frontera con Brasil y Perú al clamar por comprar la moneda estadounidense a precios inflados en los países vecinos.
Cuando las casas de cambio en La Paz se agotaron el año pasado , los bolivianos hicieron fila toda la noche frente al Banco Central para obtener divisas.
Es un contraste sorprendente con el auge de Bolivia a principios del siglo XXI. Animado por una ganancia inesperada de ingresos por exportaciones, el gobierno de Morales redujo la tasa de pobreza al 15%, amplió la clase media y construyó ciudades y carreteras en expansión.
Los problemas comenzaron en 2014, cuando los precios de las materias primas se desplomaron y el gobierno recurrió a sus reservas de divisas para sostener el gasto. Luego recurrió a sus reservas de oro e incluso vendió sus bonos en dólares a nivel local.
"Nos comimos los ahorros y ahora estamos raspando la olla", dijo Gonzalo Chávez, profesor de economía en la Universidad Católica de Bolivia.
Ahora que el gobierno desembolsa 2.000 millones de dólares al año para importar gasolina fuertemente subsidiada en un esfuerzo por sofocar el descontento público, la presión se ha intensificado. En febrero, la agencia de calificación Fitch rebajó aún más la calificación de la deuda de Bolivia hasta el territorio de basura, asignándole una calificación CCC.
Y la lucha por el MAS está exacerbando los problemas económicos .
Los aliados de Morales en el Congreso de Bolivia han frustrado sistemáticamente los intentos de Arce de asumir una deuda que aliviaría la presión. Bolivia tiene un tesoro escondido de litio , pero los legisladores no darán la aprobación a Arce para permitir que empresas extranjeras lo extraigan.
Arce califica el estancamiento como un “boicot económico” destinado a subvertir su presidencia.
Buscando calmar los temores de los inversores, el ministro de Hacienda, Marcelo Montenegro, niega que haya crisis. Pero las largas colas de automovilistas frustrados frente a las gasolineras sugieren lo contrario. En los últimos días, camioneros enojados bloquearon carreteras y quemaron neumáticos.
“Arce ha desmantelado nuestras organizaciones sociales y al mismo tiempo ha abandonado su gestión de la economía”, dijo Jorge Cucho, líder y activista indígena. “Los precios han aumentado un 70%. Nuestros salarios ya no alcanzan para ir al mercado”.
Las tensiones que desgarran al MAS ofrecen a la oposición boliviana su primera oportunidad real de llegar al poder desde que Morales ganó una mayoría electoral sin precedentes en 2005. Políticos centristas y conservadores han saltado al campo. Pero la oposición está fracturada y su legitimidad está en duda, con decenas de sus políticos tras las rejas .
"La oposición tiene ahora muchas más oportunidades debido a la división", dijo Fernando Mayorga, sociólogo de la universidad pública de Bolivia en Cochabamba. "Hasta ahora, no hemos visto señales de que pueda actuar sobre ellos".
Los bolivianos que están indignados por Morales pero decepcionados por Arce dicen que el país se encuentra en una encrucijada peligrosa.
“La gente está dormida”, dijo Ibáñez, el líder sindical. "Pronto empezarán a levantarse".
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una corte de apelaciones de Guatemala revocó el martes el arresto domiciliario concedido recientemente al periodista José Rubén Zamora, reconocido por sus denuncias contra la corrupción y quien lleva casi dos años en prisión por lavado de dinero.
