
Tras el ataque a su camioneta, que recibió 37 impactos de bala y dejó a su guardaespaldas y su secretaria heridos, Valencia —candidato por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Morelia, capital del estado occidental de Michoacán— decidió cambiar su rutina de vida y ahora se traslada en un vehículo blindado y utiliza chaleco antibalas para ir a actos públicos.
El caso de Valencia se suma a más de cuatrocientos ataques y amenazas contra candidatos que se han reportado desde septiembre pasado hasta la fecha, según registros de la consultora privada en comunicación y gestión de riesgo Etellekt Consultores, lo que ha convertido la elección intermedia del 6 de junio en una de las más violentas de la historia reciente de México, superada por la votación de 2018. cuando se reportó más de un centenar de homicidios de políticos.
Los comicios de junio, los más grandes de la historia de México y en los que participan más de 150.000 candidatos, serán cruciales para el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su plan para asegurarse el control del Congreso en los tres años que le restan de mandato. En la consulta se votará para renovar los 500 puestos de la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 1.063 diputaciones estatales y 1.926 ayuntamientos.

El volcán podría entrar en erupción en cualquier momento, señaló el teniente general Constat Ndima Kongba, gobernador militar de la provincia de Kivu Norte, que ordenó la evacuación de 10 de los 18 vecindarios de la población de 2 millones de personas.
Aunque la mayor parte de Goma se libró de la erupción anterior, el nivel de riesgo había subido después de que se detectara actividad volcánica bajo la zona urbana y el lago Kivu, dijo Kongba.
“Según estas observaciones científicas, en este momento no podemos descartar una erupción en tierra o bajo el lago. Y esto podría ocurrir con poca (o ninguna) advertencia”, señaló. Además, una erupción bajo el lago Kivu podría tener consecuencias como provocar una explosión de gas en el lago, que a su vez podría destruir partes de Goma y Gisenyi, en la vecina Ruanda.
Se advirtió a los residentes que llevaran pocos objetos consigo, que no podrían regresar a sus hogares y que se desplegarían vehículos para ayudar con la evacuación.
El jueves se veía a mucha gente que salía hacia la población de Sake, en el norte, y a Ruanda, al este. Organizaciones internacionales como la delegación de Naciones Unidas en el Congo ya habían empezado a evacuar a su personal el miércoles.

La fiscal Tania Sterling declaró a medios panameños que dos exmandatarios están en esa lista, con lo que confirma reportes en ese sentido de la prensa local publicados esta semana. El Ministerio Público había enviado la vista fiscal de la voluminosa investigación con el pedido a juicio contra ese grupo ante las instancias judiciales en abril, sin identificar los nombres de los encausados.
“Podríamos señalar que en efecto son personas que están llamadas dentro de la investigación”, afirmó Sterling, al mencionársele los nombres de Martinelli y Varela. Los delitos por los cuales son pedido a juicio son por blanqueo de capitales y corrupción, señaló.
Estimó que la convocatoria para la audiencia preliminar se daría entre seis y siete meses, aunque aclaró que ello debe determinarlo la autoridad judicial.
Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) no reaccionaron de inmediato a lo declarado por la fiscal. Tampoco lo hicieron sus respectivos equipos legales. No obstante, ambos exgobernantes han negado antes que hayan recibido coimas de Odebrecht a cambio de contratos multimillonarios con el Estado o beneficios para la constructora.
Dos hijos de Martinelli, detenidos actualmente en Guatemala y quienes enfrentan un proceso de extradición a Estados Unidos, también fueron mencionados en la investigación de Odebrecht.
De acuerdo con las investigaciones, la gigante brasileña habría entregado sobornos por más de 100 millones de dólares en Panamá entre 2009 y 2014.

El volcán podría entrar en erupción en cualquier momento, señaló el teniente general Constat Ndima Kongba, gobernador militar de la provincia de Kivu Norte, que ordenó la evacuación de 10 de los 18 vecindarios de la población de 2 millones de personas.
Aunque la mayor parte de Goma se libró de la erupción anterior, el nivel de riesgo había subido después de que se detectara actividad volcánica bajo la zona urbana y el lago Kivu, dijo Kongba.
“Según estas observaciones científicas, en este momento no podemos descartar una erupción en tierra o bajo el lago. Y esto podría ocurrir con poca (o ninguna) advertencia”, señaló. Además, una erupción bajo el lago Kivu podría tener consecuencias como provocar una explosión de gas en el lago, que a su vez podría destruir partes de Goma y Gisenyi, en la vecina Ruanda.
Se advirtió a los residentes que llevaran pocos objetos consigo, que no podrían regresar a sus hogares y que se desplegarían vehículos para ayudar con la evacuación.
El jueves se veía a mucha gente que salía hacia la población de Sake, en el norte, y a Ruanda, al este. Organizaciones internacionales como la delegación de Naciones Unidas en el Congo ya habían empezado a evacuar a su personal el miércoles.

En el Obelisco, emblemático monumento en el centro de Buenos Aires, varios cientos de ciudadanos protestaban con banderas argentinas y carteles con consignas críticas al gobierno como “Basta, respetan la constitución” y “Libertad”. Un manifestante sostenía un muñeco de papel que simulaba ser un fantasma con el rostro del presidente Alberto Fernández y escrito en el pecho “74.000 muertos”.
“Vine por la dictadura sanitaria que estamos viviendo, que es un desastre”, criticó Paulina Cuenca, quien se identificó como activista de Nueva Centro Derecha, una de las organizaciones civiles convocantes a través de redes sociales. “Se vuelve a cometer el mismo error, estamos proponiendo otro confinamiento, otro receso económico, dinero que se pierde... me da mucha bronca, te están quitando las libertades”.
El presidente Fernández decretó nueve días de confinamiento estricto hasta el 31 de mayo en las zonas del país en alerta epidemiológica y con su sistema sanitario al borde del colapso por la segunda ola de coronavirus. Argentina acumula un total de 3,5 millones de contagios y más de 75.000 muertes.
Según los expertos, la explosión de casos y muertes este año obedecen al mayor poder de contagio de las nuevas variantes del coronavirus combinado con relajamiento social y una campaña de vacunación que marcha a cuentagotas (poco más de 10 millones de personas fueron vacunadas sobre una población de 45 millones). Esto obligó al gobierno a decretar medidas de confinamiento similar a las que rigieron el año pasado entre marzo y julio, como prohibición de circulación, cierre de escuelas y suspensión de actividades económicas no esenciales.