
“Tiene 48 horas para que renuncie el tirano, sino el lunes vamos a tomar medidas para que se vaya. No estamos derrocando a un gobierno, estamos liberando una nación”, dijo Luis Fernando Camacho, líder del movimiento cívico ciudadano que encabeza las protestas en la región oriental de Santa Cruz, bastión opositor.
El anunció de Camacho fue respondido por un coro unánime de la multitud que gritaba: “¡Que se vaya, que se vaya!”
Cientos de miles de ciudadanos participaron de un nuevo cabildo en esa región, la más grande y poblada del país, que se declaró en paro desde once días.
Camacho se ha convertido en el líder de la protesta que cuenta con el respaldo de otras organizaciones cívicas en distintas ciudades del país, en las que también se han celebrado cabildos multitudinarios para exigir la renuncia de Morales después de que el pasado jueves dos manifestantes de oposición murieran en Santa Cruz.
Las manifestaciones tienen lugar en momento en que una comisión de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó el viernes una auditoria electoral a solicitud del gobierno, en respuesta a las acusaciones de fraude.
En las elecciones del 20 de octubre, el cómputo del Tribunal Supremo Electoral otorgó la primera mayoría a Morales, permitiéndole acceder a un tercer mandato sin la necesidad de una segunda vuelta electoral. Pero ese recuento de votos ha sido cuestionado por los mismos observadores de la OEA, debido a supuestas irregularidades en la transmisión de conteos rápidos.

Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad han definido su estrategia enfocándose en lo que no es _según los expertos_ diciendo que México ya no está librando una guerra contra las drogas ni busca capturar ni matar a capos del narcotráfico, como hicieron gobiernos anteriores.
Sin embargo, esas palabras aparentemente se contradicen con la fallida misión del 17 de octubre para capturar a Ovidio Guzmán, un personaje del cártel de Sinaloa, en Culiacán, una ciudad que controla esa organización, la cual parecía ese día una zona de guerra.
Cuando le preguntan que defina su estrategia para frenar la elevada tasa de homicidios y a los cárteles del narcotráfico responsables de numerosas muertes, López Obrador responde con ideas filosóficas más que con estrategias, y a menudo menciona una variedad de programas sociales.
El mandatario dijo el jueves que su gobierno no será forzado a declarar una guerra al narcotráfico, y afirmó que su estrategia tiene un enfoque diferente.
“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, declaro el presidente, quien atribuyó a la corrupción la inseguridad, la violencia y el narcotráfico en el país.
López Obrador pareció culpar a todos de los sucesos en Culiacán salvo a los narcotraficantes, e incluso arremetió contra la prensa, de la que dijo ha incurrido en el “amarillismo”.
“Esto es pacificar al país convenciendo, persuadiendo, sin violencia, ofreciendo bienestar, opciones alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores”, apuntó

El severo deterioro estructural y la deficiente dotación de insumos de las clínicas del país en muchos casos se traduce en la muerte de pacientes.
“Estamos en una situación de hambre y miseria”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, quien junto a un grupo de manifestantes se apostaron a las puertas del Hospital del Pediátrico J.M. de los Ríos de Caracas para protestar.
El paro se cumple en 20 estados de los 23 del país, informaron los gremios de enfermeras.
Las enfermeras ganan en promedio el equivalente a un dólar y medio como salario mínimo mensual.
Hace un par de semanas se aprobó que su salario mensual incremente. La medida aplicará de manera retroactiva y a partir del 1 octubre su salario mensual es de 240.000 bolívares (poco más de nueve dólares).
Venezuela está sumida en una severa crisis social y económica signada por bajos salarios, deteriorados servicios básicos, alta inflación, escasez y altos costos de alimentos y medicinas.
Según previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación cerrará el año en 200.000%.
“Nosotras tenemos la experiencia y las ganas de trabajar”, pese a “los sueldos de hambre, pero no podemos dar una buena atención cuando no hay luz, no hay agua, medicinas, no hay mantenimiento en los hospitales, los quirófanos están fuera de servicio, a veces ni siquiera hay comida para alimentar a los hospitalizados”, acotó Contreras.

“Lamento mucho (las muertes), pero todo esto viene de la violencia (opositora) que busca un golpe de Estado”, dijo el presidente Evo Morales.
Poco después, en una declaración a la prensa, el mandatario bajó la intensidad de su discurso y pidió a los opositores dejar en suspenso las protestas hasta que concluya la auditoría electoral que comenzó el jueves una comisión de la Organización de los Estados Americanos.
Sin embargo, por la noche, jóvenes se enfrentaron con la policía cerca del palacio de gobierno durante varias horas tras asistir a una protesta multitudinaria en el centro de la ciudad de La Paz. La policía arrojó gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los manifestantes, y hubo dos heridos y tres detenidos, según medios locales.
Uno de los jóvenes relató a la televisora Red Uno que seguidores del mandatario los provocaron, y la policía no lo evitó.
Más temprano se decidió en la masiva concentración que las movilizaciones continúen hasta que el gobernante renuncie y se convoque a elecciones con nuevas autoridades electorales.
En paralelo, en la ciudad de Santa Cruz se efectuó otra reunión multitudinaria encabezada por Luis Fernando Camacho, el líder de las protestas en esa región del oeste, un bastión opositor, quien también exigió la renuncia inmediata de Morales por “provocar los enfrentamientos” que derivaron en la muerte de dos personas allí.
“Pedimos nuevas elecciones en las que no puede participar el tirano (Morales)”, afirmó ante miles de personas, que decidieron darle su apoyo y continuar con el paro en esa región.
Por su parte, el expresidente Carlos Mesa, segundo en los cómputos oficiales de los comicios del 20 de octubre, reclamó una “investigación imparcial” y llamó a sus seguidores a “continuar la movilización con acciones pacíficas”.

El canciller Diego Pary informó a la prensa el miércoles que concluyó la negociación con la OEA para que el organismo envíe a los observadores. “Los expertos llegan entre hoy y mañana”, explicó. Indicó que también se invitó a participar a los gobiernos de España, México y Paraguay.
Poco después, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, escribió en Twitter que la auditoria durará entre 10 y 12 días y se centrará en la verificación de cómputos --actas y papeletas--, proceso informático, componente estadístico y proyecciones.
No obstante, Mesa --quien habría quedado en segundo lugar después de que concluyera el conteo oficinal-- declaró públicamente que las fuerzas opositoras “no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente” por el gobierno y agregó que las autoridades negociaron directamente con la OEA sin consultarlos.
Según la oposición, en los comicios del 20 de octubre se produjo un fraude para favorecer a Morales.
El canciller Pary explicó que “la auditoría se concentrará en la jornada electoral y las fases posteriores” y será integral y vinculante. Sin embargo, la oposición quiere que la investigación incluya la fase previa a la elección, cuando el Tribunal Supremo Electoral fue acusado de favorecer al oficialismo.