LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte juramentó el lunes a su séptimo ministro del Interior luego que su antecesor renunció después que el Congreso lo censuró el viernes y lo obligó a renunciar por su falta de planes para enfrentar una ola de asesinatos y extorsiones que afectan al país sudamericano.
El cargo de ministro del Interior ha sido la cartera más inestable en el gobierno de más de dos años de Boluarte. El séptimo ministro del Interior, el general retirado de la policía Julio Díaz Zulueta, era viceministro del renunciante Juan José Santiváñez, un abogado de policías que dimitió tras más de diez meses en el cargo.
Boluarte dijo el sábado que pondría como reemplazo del renunciante a otro “ciudadano valiente” para que enfrente al crimen organizado, a la delincuencia común y trabaje con la policía.
El gobierno de Boluarte es impopular, según las encuestas. Los analistas dicen que está profundamente debilitado por investigaciones fiscales contra la mandataria por una variedad de delitos que incluyen asesinato, corrupción y enriquecimiento ilícito.
El Congreso censuró el viernes al entonces ministro del Interior Santiváñez. La ley obliga a un ministro censurado a renunciar en las siguientes 72 horas. La decisión obedece al mal manejo que, según los legisladores, Santiváñez dio a la reciente ola delincuencial que azota al país.
Los congresistas encontraron un modo de mostrar su descontento con el gobierno de la presidenta Boluarte, luego que el 16 de marzo un cantante de cumbia fuera asesinado cuando desconocidos en motocicletas dispararon al bus en el que se trasladaba.
Tanto el Congreso como el gobierno reaccionaron ante el asesinato. El Congreso con la censura y el gobierno ordenó un estado de emergencia por 30 días en Lima que comenzó el 18 de marzo y se tradujo en la incursión de militares en las calles y el recorte de varios derechos constitucionales.
Las extorsiones se han extendido por todo Perú, incluida la capital, en la cual se producen asesinatos diarios, sobre todo en la periferia donde vive la mayoría de la población, pero hay menos presencia de policías y guardias privados.
Las cifras de asesinatos y extorsiones en Perú se han disparado desde 2017, según datos oficiales. En ese año los homicidios sumaron 674 y en 2024 llegaron a 2.057. En tanto, las denuncias por extorsiones en 2017 fueron de 5.225, mientras en 2024 alcanzaron 22.835.
SAN SALVADOR (AP) — Un grupo de abogados contratados por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó el lunes un hábeas corpus en El Salvador para exigir la liberación de 238 venezolanos deportados por Estados Unidos que guardan prisión en una cárcel de máxima seguridad del país.
Uno de los abogados dijo que la petición fue presentada en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y que representan a 30 de los 238 ciudadanos venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos hace poco más de una semana e internados en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad de El Salvador.
Estados Unidos alegó que los deportados eran miembros de la banda de crimen trasnacional Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump a finales de febrero junto a varios cárteles.
Los abogados que presentaron el hábeas corpus aseguran que no tienen vínculos con organizaciones criminales y que fueron detenidos en Estados Unidos como migrantes por no tener documentación.
La petición de hábeas corpus tiene por objeto supervisar el derecho a la libertad física y la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas; es un proceso que busca verificar si la detención está justificada y bajo el marco legal.
“Representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo, nosotros estamos pidiendo el hábeas corpus para el resto de los ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país”, dijo a los periodistas el abogado Jaime Ortega, del bufete de abogados Grupo Ortega.
Otro de los representantes jurídicos, Salvador Ríos, explicó que fueron contratados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y por el Comité de Familiares de Inmigrantes venezolano para presentar la demanda que, afirma, beneficia al total de 238 deportados que el gobierno de los Estados Unidos envió a El Salvador.
“Conforme a todos los documentos que traemos apostillados se considera que las personas que dignamente representamos son ciudadanos migrantes, dentro de ellos, hasta un cantante. Son personas que han migrado de su país Venezuela, no tienen ningún antecedente criminal”, afirmó el abogado Ortega.
Aseguró que los venezolanos trasladados a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña no pertenecen a la banda criminal del Tren de Aragua, que fueron detenidos en Estados Unidos por su condición migratoria irregular y que no poseen antecedentes penales.
El domingo 16 de marzo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó que llegaron al país los primeros 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que, de inmediato, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad.
El país centroamericano y el gobierno de Trump alcanzaron el mes pasado un acuerdo para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos. El ejecutivo estadounidense sostuvo que El Salvador podría incluso recibir a ciudadanos estadounidenses, aunque Estados Unidos no puede deportar a sus nacionales a otro país.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Bukele discutieron los detalles del acuerdo que contempla un costo de aproximadamente 20.000 dólares para albergar a cada prisionero durante el año. Un documento del Departamento de Estado también sugiere que podría reservar 15 millones de dólares para enviar a El Salvador para custodiar a miembros adicionales de la pandilla.
El acuerdo con Estados Unidos incluyó la entregó de 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos fue señalado como “miembro de la estructura más alta de la organización criminal”.
El presidente Trump afirmó el viernes que los venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador fueron sometidos a un proceso “muy riguroso” para verificar que forman parte del grupo criminal Tren de Aragua.
(Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador vía AP)
KIEV, Ucrania (AP) — Negociadores de Estados Unidos y Rusia se reunieron el lunes para conversaciones en Arabia Saudí sobre un alto el fuego parcial en Ucrania, horas después de una ronda de negociaciones entre delegados de Estados Unidos y Ucrania, informaron medios rusos.
Las agencias estatales de noticias Tass y RIA-Novosti dijeron que las negociaciones habían comenzado en Riad. Se espera que la reunión se vea seguida por otro contacto entre los equipos de Estados Unidos y Ucrania.
Las reuniones separadas pretenden concretar detalles de una pausa en los ataques de largo alcance de ambos países contra instalaciones energéticas e infraestructura civil y un cese de ataques en el mar Negro para garantizar la seguridad del tráfico mercante.
Ucrania y Rusia acordaron en principio el miércoles un alto el fuego limitado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara con los líderes de los países, pero las partes han ofrecido diferentes puntos de vista sobre qué objetivos estarían fuera de los límites de ataque y se han acusado mutuamente de socavar los esfuerzos para alcanzar una pausa.
Mientras que la Casa Blanca dijo que “energía e infraestructura” estarían cubiertas, el Kremlin declaró que el acuerdo se refería de forma más específica a la “infraestructura energética”. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que también le gustaría que se protegieran los ferrocarriles y los puertos.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recalcó el viernes que el acuerdo alcanzado entre Trump y Putin se refería solo a las instalaciones energéticas, añadiendo que el ejército ruso está cumpliendo la orden de Putin de detener esos ataques durante 30 días.
Peskov acusó a Ucrania de descarrilar el alto el fuego parcial con un ataque a una estación de medición de gas en Sudzha, en la región rusa de Kursk. El Estado Mayor General de Ucrania rechazó las acusaciones de Moscú y culpó al ejército ruso de bombardear la estación de medición de gas de Sudzha, una afirmación que Peskov tachó de “absurda”.
Mientras avanzaban las negociaciones sobre un alto el fuego parcial, Rusia lanzó una andanada de drones la noche del sábado en toda Ucrania que mató al menos a siete personas, incluidos un padre y su hija de cinco años en Kiev.
En una declaración televisada el domingo por la noche, Zelenskyy dijo que “desde el 11 de marzo, una propuesta para un alto el fuego incondicional ha estado sobre la mesa, y estos ataques ya podrían haber cesado. Pero es Rusia la que continúa con todo esto”.
“Debe haber más presión sobre Rusia para detener este terror”, dijo Zelenskyy, añadiendo que “depende de todos nuestros socios: Estados Unidos, Europa y otros en todo el mundo”.
Zelenskyy ha reiterado que Ucrania está abierta a un alto el fuego completo de 30 días que ha propuesto Trump, mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin ha condicionado un alto el fuego completo a que se detenga el suministro de armas a Kiev y se suspenda la movilización militar de Ucrania, demandas rechazadas por Ucrania y sus aliados occidentales.
Hablando en “Fox News Sunday”, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que esperaba “algún progreso real” en las conversaciones en Arabia Saudí, “particularmente en lo que respecta a un alto el fuego en el mar Negro en los barcos entre ambos países, y a partir de eso, naturalmente se avanzará hacia un alto el fuego total de disparos”.
En cuanto a las conversaciones del domingo en Riad entre representantes ucranianos y estadounidenses, Zelenskyy dijo que se habían llevado a cabo a un nivel más “técnico” en comparación con reuniones similares la semana pasada, esta vez involucrando a representantes del ejército de Ucrania, el ministerio de energía y el cuerpo diplomático.
“Nuestro equipo está trabajando de manera completamente constructiva, y la conversación es bastante útil. El trabajo de las delegaciones continúa”, dijo Zelenskyy. “Pero no importa lo que estemos discutiendo con nuestros socios en este momento, Putin debe ser presionado para que dé una orden real de detener los ataques, porque quien trajo esta guerra debe ser quien la retire”.
Ferrocarriles ucranianos sufren un ciberataque masivo
El operador ferroviario estatal ucraniano Ukrzaliznytsia sufrió un “ataque cibernético masivo y dirigido” a sus servicios en línea el domingo, escribió la compañía en Telegram, añadiendo que la restauración de sus sistemas estaba en curso desde la mañana del lunes.
La compañía dijo que el ciberataque no afectó el movimiento de trenes ni los horarios, pero que la compra de boletos en línea no estaba disponible por el momento.
“El ferrocarril sigue operando a pesar de los ataques físicos a la infraestructura, y ni siquiera los ataques cibernéticos más viles no pueden detenerlo”, escribió la compañía.
Las tropas rusas lanzaron 99 drones de ataque y señuelo en Ucrania durante la noche del domingo, según la fuerza aérea de Ucrania, de los cuales 57 fueron derribados y 36 se perdieron del radar. Los drones restantes causaron daños en al menos cinco regiones de Ucrania, según el reporte de la fuerza aérea.
En la región de Kiev, un hombre sufrió heridas durante la noche cuando un dron ruso impactó en una zona residencial.
“El hombre tiene heridas superficiales de metralla en el abdomen, pecho, muslos y cabeza”, escribió el jefe interino de la región de Kiev, Mykola Kalashnyk, en Telegram el lunes.
En la región de Járkiv, un dron ruso impactó en un edificio residencial en el pueblo de Velyka Babka, donde hirió a un hombre de 25 años y a una mujer embarazada. Ambos fueron hospitalizados, dijo el jefe regional Oleh Syniehubov en Telegram el lunes por la mañana.
En Zaporiyia, los drones rusos dañaron varias casas de residentes locales durante la noche y una mujer mayor sufrió heridas leves, escribió el jefe regional Ivan Fedorov en Telegram.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
CARACAS, Venezuela (AP) — Venezuela aceptará nuevamente vuelos de repatriación desde Estados Unidos con sus ciudadanos deportados luego de llegar a un acuerdo con ese país, dijo el sábado un funcionario venezolano en las redes sociales.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, suspendió los vuelos el 8 de marzo, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el retiro de la licencia a Chevron para exportar petróleo venezolano.
“Hemos acordado con el gobierno de Estados Unidos reanudar la repatriación de los migrantes venezolanos con un primer vuelo mañana domingo”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela y principal negociador de Maduro con Estados Unidos.
Venezuela aceptó el acuerdo para garantizar “el retorno de nuestros compatriotas a su nación con la salvaguarda de sus Derechos Humanos”, dijo Rodríguez.
En su declaración, Rodríguez se refirió a la deportación por parte del gobierno de Donald Trump de unos 250 venezolanos a una cárcel de alta seguridad en El Salvador.
“Migrar no es un delito y no descansaremos hasta lograr el retorno de todos aquellos que lo requieren y hasta rescatar a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador”, afirmó Rodríguez.
Maduro ratificó la medida durante un evento público más tarde ese mismo día. "Estamos reanudando los vuelos para rescatar y liberar a los migrantes de las cárceles estadounidenses", declaró Maduro.
El líder venezolano también dijo que responsabiliza al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el bienestar de los venezolanos deportados a ese país.
“Les garantizas la salud y, más temprano que tarde, hay que entregarlos y liberarlos, porque están secuestrados”, dijo Maduro.
Trump alegó que los deportados eran miembros de la pandilla Tren de Aragua. El 15 de marzo, calificó al Tren de Aragua de fuerza invasora al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros , una autoridad poco utilizada de 1798 que permite al presidente deportar a cualquier extranjero en tiempos de guerra. Un juez federal emitió una orden que prohibía temporalmente las deportaciones, pero los vuelos ya estaban en vuelo cuando se dictó la sentencia.
El Tren de Aragua, designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como organización terrorista extranjera, se originó en una prisión del país sudamericano. Sus miembros acompañaron el éxodo de millones de venezolanos, la gran mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida tras el desplome económico de su país en la década pasada.
La administración de Trump no ha aportado pruebas de que los deportados sean miembros del Tren de Aragua ni de que hayan cometido algún delito en Estados Unidos.
El gobierno de Maduro ha rechazado en su mayoría el ingreso de inmigrantes deportados desde Estados Unidos. Esas deportaciones han aumentado drásticamente desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero.
En las últimas semanas, unas 350 personas fueron deportadas a Venezuela, incluidas unas 180 que pasaron hasta 16 días en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
La administración Trump dijo que los venezolanos enviados a Guantánamo son miembros del Tren de Aragua, pero ofreció poca evidencia para respaldarlo.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Indígenas aymaras del altiplano de Bolivia y transportistas protestaron el miércoles contra el presidente Luis Arce por la falta de combustibles, un día después que su gobierno logró un acuerdo político para garantizar la realización de elecciones en agosto.
Los denominados “ponchos rojos” marcharon —algunos de ellos encapuchados— y paralizaron el centro de La Paz, la sede de gobierno de Bolivia. Rodearon las inmediaciones del centro del poder político y pidieron la renuncia de al menos cinco funcionarios, entre ellos los ministros del área encargada de importar los carburantes, y que el Estado reduzca sus gastos.
Arce pasa por un momento complicado debido a la escasez de diésel y gasolina, los cuales afectan a la producción y el transporte en el país, y ello ha disparado el precio de los alimentos. Para el lunes se anunciaron otras protestas a nivel nacional.
Luego de gobernar Bolivia durante casi dos décadas, el partido gobernante Movimiento al Socialismo se encuentra fracturado debido a las disputas entre Arce y el expresidente Evo Morales por el control del aparato partidario de cara a las elecciones presidenciales de agosto, y corre el riesgo de perder su hegemonía política. Morales fue inhabilitado para postularse a la presidencia, y un fallo judicial le quitó la dirección del MAS, mientras que Arce —que aún no ha oficializado su candidatura— tiene baja popularidad.
Paralelamente, en la vecina ciudad de El Alto los transportistas públicos realizaron un paro, aunque horas después anunciaron que lo levantarían. Indígenas y transportistas dieron de plazo hasta el lunes para que las autoridades atiendan sus exigencias.
“Nosotros estamos perjudicados porque tenemos que pasar días en las filas por combustible y no podemos trabajar; es un perjuicio”, se quejó Luis Chávez, dirigente de transportistas de áreas rurales en el departamento de La Paz.
Aunque Arce logró un acuerdo el martes —sin líderes opositores— con políticos afines y autoridades del órgano electoral y el poder judicial, en el cual se le dio respaldo y se garantizó celebrar elecciones el 17 de agosto en medio de anuncios de una posible desestabilización, de todas formas estos acuerdos fueron criticados porque se le dio prioridad a los problemas políticos, pero no a la crisis económica que se profundiza por falta de dólares.
La divisa estadounidense es necesaria para importar un 90% del diésel y la mitad de la gasolina. El sector agroindustrial es uno de los sectores más afectados, ya que requiere diésel para poder operar.
El gobierno de Arce admitió que el problema se debe a la falta de liquidez de dólares y anunció 10 medidas para contrarrestarla, pero de todas formas ello no ha logrado eliminar las filas en las gasolineras.
Arce promulgó la aplicación de un crédito por 75 millones de dólares que ya había sido otorgado a Bolivia pero estaba estancado en el Congreso. Su gobierno ha exigido que se aprueben otros créditos, de forma que haya liquidez de dólares.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte juramentó el lunes a su séptimo ministro del Interior luego que su antecesor renunció después que el Congreso lo censuró el viernes y lo obligó a renunciar por su falta de planes para enfrentar una ola de asesinatos y extorsiones que afectan al país sudamericano.
