WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema federal que elimine las protecciones legales temporales para 350.000 venezolanos, con lo que podrían quedar expuestos a ser deportados.
El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que suspenda el fallo de un juez federal en San Francisco que mantuvo vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) para los venezolanos, el cual estaba programado para expirar el mes pasado.
El TPS permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen son considerados inseguros para su regreso debido a desastres naturales o conflictos civiles.
Una corte federal de apelaciones había rechazado previamente la solicitud del gobierno.
El gobierno de Trump ha tomado medidas para retirar diversas protecciones que le han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, entre ellas dar fin al TPS para cerca de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. El TPS se concede en incrementos de 18 meses.
La apelación de emergencia ante el máximo tribunal se produjo el mismo día en que un juez federal en Texas declaró ilegales los esfuerzos del gobierno para deportar a venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Los casos no están relacionados.
Las protecciones estaban programadas para expirar el 7 de abril, pero el juez de Distrito federal Edward Chen ordenó una pausa en esos planes. Encontró que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.
Chen, quien fue nombrado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener el programa vigente.
Pero el procurador general D. John Sauer escribió en nombre del gobierno que la orden de Chen interfiere inaceptablemente con el poder del gobierno sobre inmigración y asuntos exteriores.
Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus protegido podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país porque la “decisión de terminar el TPS no equivale a una orden final de deportación” .
El Congreso creó el TPS en 1990 para prevenir deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
LINDSAY WHITEHURST covers the Supreme Court, legal affairs and criminal justice for The Associated Press in Washington, D.C. Past stops include Salt Lake City, New Mexico and Indiana.
MIAMI (AP) — Un número récord de 1.120 personas acusadas de estar ilegalmente en Estados Unidos fueron arrestadas en menos de una semana durante una redada orquestada por autoridades federales, estatales y locales en Florida, una operación que las autoridades atribuyeron el jueves al creciente número de departamentos de policía local y agencias estatales que se han sumado a la campaña del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas.
Esa cooperación se puso de manifiesto el jueves, cuando el gobernador del estado, Ron DeSantis, se sumó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para elogiar los arrestos.
“Continuaremos participando en amplios esfuerzos policiales internos”, declaró DeSantis en una conferencia de prensa conjunta con funcionarios federales. “Esto es sólo el comienzo”.
La policía local puede arrestar a migrantes y detenerlos por incumplimiento de las leyes migratorias en virtud de acuerdos específicos. En diciembre, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tenía 135 acuerdos en 21 estados. Ahora se han incrementado a 517 en 39 estados, y hay otros pendientes de aprobación con otras 74 agencias.
A medida que el gobierno de Trump intensifica la cooperación con agencias estatales y locales, da pasos para tomar represalias contra aquellos que limitan su ayuda a las autoridades migratorias. El presidente firmó el lunes una orden ejecutiva para publicar una lista de jurisdicciones “santuario”, y reiteró sus amenazas de presentar cargos penales contra funcionarios estatales o locales que obstaculicen a la política federal.
Quienes se oponen a que los funcionarios locales se involucren en la aplicación de las normas migratorias sostienen que la práctica viola una cláusula de la Constitución que atribuye la responsabilidad de hacerlo a las autoridades federales, no a las estatales.
“Esto es hallar métodos para aterrorizar a comunidades”, declaró Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South, quien añadió que los agentes locales no están capacitados para manejar asuntos migratorios “de manera justa”.
Los objetivos de deportación de Trump podrían ser demasiado grandes para el ICE por sí solo
El ICE, que tiene unos 6.000 agentes de deportación, necesita ayuda para lograr el objetivo de Trump de expulsar del país a muchas de los aproximadamente 11 millones de personas que están en el país ilegalmente, de acuerdo con un cálculo conservador.
Texas, cuyo gobernador republicano, Greg Abbott, es un estrecho aliado de Trump en materia de migración, tiene registrados 76 acuerdos, los cuales lo convierten en el segundo estado con más pactos. Incluyen uno firmado el 10 de abril con la Guardia Nacional estatal. Texas también ha firmado un acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que sus efectivos de la Guardia Nacional arresten a personas en la frontera.
Georgia y Carolina del Norte también se han sumado a la causa de Trump, pero ningún estado se acerca al nivel de cooperación de Florida, donde se han adherido agencias de los 67 condados. Algunas de las instituciones participantes parecen tener poco —si es que tienen algo— que ver con la aplicación de la ley de inmigración, como el Departamento de Servicios de Lotería y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre.
Durante el gobierno del expresidente Joe Biden no se firmó ningún acuerdo de este tipo. Muchos de los nuevos pactos se ajustan a un “modelo de fuerza especial” por el cual la policía arresta a inmigrantes en calles y en comunidades, en lugar de al “modelo policial en cárceles”, por el cual el ICE sólo aprehende a personas cuando son colocadas en cárceles o prisiones estatales y locales.
Lena Graber, abogada sénior del Immigrant Legal Resource Center —un grupo activista que aboga por los inmigrantes—, indicó que el gobierno del presidente Barack Obama eliminó el modelo de fuerza especial en 2012 debido a la preocupación generalizada de que las organizaciones policiales autorizadas bajo este modelo estaban siendo racistas al realizar arrestos.
Escasean los detalles sobre los arrestados
El jueves, DeSantis y funcionarios federales ofrecieron algunos detalles de la “Operación ola gigante”, el operativo policial ejecutado por diversas agencias que, según el ICE, culminó con el arresto del mayor número de personas que estaban ilegalmente en Estados Unidos en un solo estado en una semana desde que la agencia fue creada en 2003.
“Si bien esta puede ser la primera... operación de su tipo, gracias al gobernador no será la última”, apuntó Madison Sheahan, subdirectora del ICE. “No nos detendremos”, advirtió, “porque no hay tolerancia para los extranjeros ilegales, criminales”.
Autoridades federales dijeron que entre las 1.120 personas arrestadas había muchas sujetas a órdenes definitivas de deportación y que tenían condenas penales en sus registros, pandilleros de organizaciones como Tren de Aragua y MS-13, delincuentes sexuales y prófugos de la justicia. La mayoría de los arrestados eran de Guatemala (437) y México (280).
Los funcionarios proporcionaron pocos detalles sobre las personas arrestadas, cómo fueron arrestadas o dónde. Identificaron a ocho personas por su nombre, de las que dicen tienen antecedentes penales además de estar en el país ilegalmente.
La Florida Immigrant Coalition (FLIC), una organización activista con más de 80 miembros en todo el estado, señaló que las autoridades no mostraron evidencia de que los detenidos hubieran cometido delitos contra el público.
“DeSantis y el ICE están evadiendo la verdad”, manifestó Renatta Bozzetto, subdirectora de la FLIC. “La historia que no están contando es que están ignorando el debido proceso, destrozando familias”.
Funcionarios de Florida dicen que muchas agencias locales todavía están esperando capacitación federal para apoyar en acciones próximas de control de la inmigración. Sin embargo, las últimas detenciones del ICE muestran cómo los papeles estatales y locales podrían crecer.
Un operativo involucró a unos 80 agentes de la Patrulla de Caminos de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) contra gente en Jacksonville, Orlando y Tallahassee, así como en los condados Broward y Miami-Dade, explicó Bill Smith, presidente de la sección de la FHP de la Asociación de Beneficencia de la Policía de Florida. Un portavoz de la Patrulla de Caminos no respondió a preguntas.
Algunos defensores de los inmigrantes señalaron que la mayoría de las detenciones fueron realizadas por policías locales y patrulleros estatales, no por el ICE. Los afectados fueron arrestados durante controles de tráfico o a la salida del trabajo. Algunos no tenían antecedentes penales y habían solicitado asilo, o tenían permiso de trabajo, según activistas.
Una familia es separada de repente
Jessica Ramírez, coordinadora general de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, indicó que la mayoría de los arrestados eran hombres. En algunos casos —aunque no muchos— los funcionarios del ICE llamaron a la puerta en viviendas de inmigrantes, añadió.
“La gente tiene muchísimo miedo de salir a manejar, miedo a la policía”, observó Ramírez. “La recomendación es que manejen con precaución, siguiendo las reglas, y no den motivos para que la policía los pare”.
Chica, una mujer guatemalteca de 25 años que pidió ser identificada únicamente por su primer nombre por temor a ser detenida, contó que Fernando, su pareja y padre de su bebé de 3 meses, fue detenido el viernes por la mañana mientras iba en un auto con otros tres inmigrantes hacia su trabajo en la construcción. No ha sabido de él desde entonces.
“Amor, la policía nos agarró”, le escribió Fernando, un guatemalteco de 20 años, el viernes a las 7:47 de la mañana.
Chica apuntó que él tenía una solicitud de asilo pendiente y permiso de trabajo. La policía le pidió al conductor del vehículo que mostrara su licencia, pero él no tenía. Entonces los agentes detuvieron a los cuatro ocupantes, incluido a Fernando, que llegó solo a Estados Unidos en 2020.
“Me preocupé mucho. No puedo creer que lo hayan agarrado”, dijo Chica, que ahora está sopesando regresar a Guatemala. “Me da miedo que lo deporten y yo me quede aquí sin la ayuda de nadie”.
Payne informó desde Tallahassee, Florida. Rebecca Santana contribuyó desde Washington.
KATE PAYNE writes about state government and education and is based in Tallahassee, FL. She is a Report for America corps member.
MIAMI (AP) — El listado de departamentos de policía local y agencias estatales que se han unido a la campaña del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas ha aumentado a más de 500, y casi la mitad están en Florida.
Esa cooperación se pondrá de manifiesto el jueves, cuando el gobernador del estado, Ron DeSantis, se una a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para promocionar una operación que, según las autoridades, resultó en alrededor de 800 arrestos de migrantes en menos de una semana.
La policía local puede arrestar a migrates y detenerlos por incumplimiento de las leyes migratorias en virtud de acuerdos específicos. En diciembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tenía 135 acuerdos en 21 estados. Ahora se han incrementado a 506 en 38 estados, con otras 74 agencias pendientes de aprobación.
A medida que el gobierno de Trump intensifica la cooperación con agencias estatales y locales, da pasos para tomar represalias contra aquellas que limitan su ayuda a las autoridades migratorias. El presidente firmó el lunes una orden ejecutiva para publicar una lista de jurisdicciones “santuario” y reiteró sus amenazas de presentar cargos penales contra funcionarios estatales o locales que obstaculicen a la política federal.
Quienes se oponen a que los funcionarios locales se involucren en la aplicación de las normas migratorias sostienen que la práctica viola una cláusula de la Constitución que atribuye la responsabilidad de hacerlo a las autoridades federales, no a las estatales.
“Se están encontrando métodos para aterrorizar a las comunidades”, dijo Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South, que agregó que los agentes locales no están capacitados para manejar asuntos migratorios “de manera justa”.
Objetivos de deportación de Trump, demasiado grandes para ICE
ICE, que cuenta con alrededor de 6.000 agentes de deportación, necesita ayuda para lograr el objetivo de Trump de expulsar del país a muchos de los aproximadamente 11 millones de personas que no tienen la documentación en regla, de acuerdo con estimaciones conservadoras.
Texas, cuyo gobernador republicano, Greg Abbott, es un estrecho aliado de Trump en materia de migración, tiene registrados 76 acuerdos que lo convierten en el segundo estado con más pactos. Incluyen uno firmado el 10 de abril con la Guardia Nacional estatal. Además, ha alcanzado otro con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que sus efectivos de la Guardia Nacional practiquen detenciones en la frontera.
Georgia y Carolina del Norte también se han unido a la causa de Trump, pero ningún estado se acerca al nivel de cooperación de Florida, donde se han adherido agencias de los 67 condados. Algunas de las instituciones participantes parecen tener, en el mejor de los casos, poco que ver con la aplicación de la ley de inmigración, como el Departamento de Lotería y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre.
Durante el gobierno del expresidente Joe Biden no se firmó ningún acuerdo de este tipo. Muchos de los nuevos pactos se ajustan a un “modelo de fuerza operativa” por el cual la policía arresta a migrantes en calles y en comunidades, en lugar de al “modelo de aplicación de la ley en cárceles” por el cual ICE solo aprehende a personas que ingresan en cárceles o prisiones estatales y locales.
Según las autoridades en Florida, muchas agencias locales todavía están esperando capacitación federal. Sin embargo, las últimas detenciones de ICE, dentro de lo que la agencia ha bautizado como “Operación ola gigante”, muestran cómo pueden aumentar los roles estatales y locales.
Unos 80 oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida participaron en un operativo contra gente en Jacksonville, Orlando y Tallahassee, así como en los condados de Broward y Miami-Dade, explicó Bill Smith, presidente de la sección de la FHP de la Asociación Benéfica de la Policía de Florida. Un portavoz de la Patrulla de Carreteras no respondió a preguntas.
Las autoridades se centraron en personas con órdenes definitivas de deportación y detuvieron a otras con órdenes de arresto pendientes por delitos anteriores, como conducir bajo los efectos del alcohol o sin licencia, agregó Smith.
”¡Florida lidera el país en cooperación activa con el gobierno de Trump para la aplicación de la ley de inmigración y operaciones de deportación!”, manifestó DeSantis después de que ICE anunciara los arrestos el sábado.
Algunos defensores de los inmigrantes señalaron que la mayoría de las detenciones fueron realizadas por policías locales y patrulleros estatales, no por ICE. Los afectados fueron arrestados durante controles de tráfico o a la salida del trabajo. Algunos no tenían antecedentes penales y habían solicitado asilo, o tenían permiso de trabajo, según los activistas.
Una familia destrozada de repente
Jessica Ramírez, coordinadora general de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, apuntó que la mayoría de los arrestados eran hombres. En algunos casos, aunque no muchos, los funcionarios de ICE llamaron a sus casas, añadió.
“La gente tiene muchísimo miedo de salir y manejar, miedo a la policía”, dijo Ramírez. “La recomendación es que manejen con precaución, siguiendo las reglas, y no den motivos para que la policía los pare”.
Chica, una mujer guatemalteca de 25 años que pidió ser identificada únicamente por su primer nombre por temor a ser detenida, contó que Fernando, su pareja y padre de su bebé de tres meses, fue detenido el viernes por la mañana mientras iba en un auto con otros tres inmigrantes hacia su trabajo en la construcción. No ha sabido de él desde entonces.
“Amor, la policía nos agarró”, le escribió Fernando, un guatemalteco de 20 años, el viernes a las 7:47 de la mañana
Chica apuntó que tenía una solicitud de asilo pendiente y permiso de trabajo. La policía le pidió al conductor del vehículo que mostrara su licencia, pero no tenía. Los agentes detuvieron entonces a los cuatro ocupantes, incluyendo Fernando, que llegó a Estados Unidos solo en 2020.
“Me preocupa mucho. No puedo creer que lo hayan agarrado”, contó China, que ahora está considerando regresar a Guatemala. “Me da miedo que lo deporten y yo me quede aquí sin la ayuda de nadie”
Grady Judd, jefe de la policía del condado de Polk, en el centro de Florida, calificó el operativo como una “gota en el océano” y expresó su frustración con lo que calificó como la incapacidad del gobierno federal para llevar a cabo arrestos y deportaciones a mayor escala.
“La razón por la que creo que se estaban enfocando en aquellos listos para ser deportados es que no hay lugar para poner a tanta gente”, afirmó Judd. “Estamos ansiosos por cooperar con ellos. Pero es un sistema y proceso del gobierno federal. Y no está cambiando muy rápido”.
Payne informó desde Tallahassee, Florida.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
GISELA SALOMON is a Miami-based reporter who covers Latin America and immigration affairs for The Associated Press.
Salomon es una periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigracion.
KATE PAYNE writes about state government and education and is based in Tallahassee, FL. She is a Report for America corps member.
WASHINGTON (AP) — Los republicanos en el Senado de Estados Unidos repelieron el miércoles por poco margen una resolución demócrata que habría bloqueado los aranceles globales anunciados por el presidente Donald Trump a principios de este mes, otorgando al mandatario una modesta victoria mientras los legisladores de ambos partidos se mantienen escépticos respecto a su agenda comercial.
Trump anunció los aranceles generales contra casi todos los socios comerciales de Estados Unidos el 2 de abril, pero se retractó unos días después tras un colapso del mercado, y suspendió dichos impuestos por 90 días.
Y en medio de la incertidumbre tanto para los consumidores como para las empresas estadounidenses, el Departamento de Comercio informó el miércoles que la economía de Estados Unidos se contrajo 0,3% de enero a marzo, la primera caída en tres años.
La votación de 49-49 en el Senado se produjo semanas después de que la cámara alta aprobara una resolución que habría frustrado la capacidad de Trump para imponer aranceles a Canadá. Esa medida fue aprobada 51-48 con los votos de cuatro senadores republicanos: Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, y Mitch McConnell y Rand Paul de Kentucky. Pero McConnell —quien ha sido muy crítico con los aranceles pero no había dicho cómo votaría— y el senador demócrata Sheldon Whitehouse estuvieron ausentes el miércoles, negando a los demócratas los votos necesarios para la aprobación.
Los demócratas dijeron que su objetivo principal era dejar constancia de la posición de los republicanos y tratar de reafirmar los poderes del Congreso.
“El Senado no puede ser un espectador pasivo en la locura de los aranceles”, afirmó el senador Ron Wyden, uno de los principales patrocinadores de la resolución.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que las desalentadoras cifras económicas deberían ser una “llamada de atención” para los republicanos.
Cautelosos de una reprimenda a Trump, los líderes del Partido Republicano alentaron a su conferencia a votar contra la resolución, aun cuando muchos de ellos siguen sin estar convencidos sobre los aranceles. El vicepresidente JD Vance asistió a un almuerzo del Partido Republicano del Senado el martes con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien aseguró a los senadores que el gobierno está avanzando hacia acuerdos comerciales con países individuales.
Collins dijo antes de la votación que cree que la resolución demócrata es demasiado amplia, pero la apoyaba porque envía un mensaje de que “realmente necesitamos ser mucho más selectivos al imponer estos aranceles y no tratar a aliados como Canadá de la misma manera que tratamos a adversarios como China”.
Pero algunos republicanos argumentaron que la votación era una maniobra política.
Los demócratas dicen que el hecho de que los republicanos no planten cara a Trump podría tener consecuencias graves. “Lo único que han logrado los aranceles de Donald Trump es aumentar las probabilidades de recesión y enviar los mercados a una espiral descendente”, afirmó Schumer. “Hoy, tienen que elegir: quedarse con Trump o apoyar a sus estados”.
La resolución demócrata forzó una votación bajo un estatuto que les permite intentar terminar con la emergencia económica nacional que Trump utilizó para imponer los aranceles.
La senadora Elizabeth Warren la calificó como una emergencia “falsa” que Trump está usando para imponer sus aranceles “intermitentes, de luz roja, luz verde”.
Los aranceles “están empujando nuestra economía al borde del abismo”, indicó Warren.
El presidente republicano ha dicho que sus aranceles no provocarán una recesión y su gobierno se ha centrado en China, aumentando los aranceles sobre los productos chinos al 145% incluso mientras pausa los demás. Dijo a su gabinete el miércoles por la mañana que, como consecuencia de los aranceles, China estaba “teniendo tremendas dificultades porque sus fábricas no están haciendo negocios”.
Trump afirmó que Estados Unidos realmente no necesita importaciones del principal fabricante del mundo. “ Tal vez los niños tendrán dos muñecos en lugar de 30 muñecos ”, comentó. “Así que tal vez los dos muñecos costarán un par de dólares más de lo que costarían normalmente”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
La economía estadounidense se contrajo a un ritmo anual del 0,3 % entre enero y marzo, la primera caída en tres años, debido a que las guerras comerciales del presidente Donald Trump afectaron negativamente a las empresas. El crecimiento del primer trimestre se vio frenado por un aumento repentino de las importaciones, ya que las empresas estadounidenses intentaron importar productos extranjeros antes de que Trump impusiera aranceles masivos .
La caída del producto interno bruto (PIB) —la producción nacional de bienes y servicios— entre enero y marzo revirtió un aumento del 2,4 % en los últimos tres meses de 2024. Las importaciones crecieron a un ritmo del 41 %, el más rápido desde 2020, y restaron 5 puntos porcentuales al crecimiento del primer trimestre. El gasto del consumidor también se desaceleró drásticamente, pasando del 4 % registrado en octubre-diciembre del año pasado al 1,8 %. El gasto del gobierno federal se desplomó un 5,1 % en el primer trimestre.
Los analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban, en promedio, que la economía lograra un crecimiento del 0,8% en el primer trimestre, pero muchos esperaban que el PIB cayera.
Los mercados financieros se desplomaron tras el informe. El Dow Jones se desplomó 400 puntos al inicio de la sesión, poco después de la publicación de las cifras del PIB. El S&P 500 cayó un 1,5 % y el Nasdaq Composite, un 2 %.
Es probable que el aumento de las importaciones, el más rápido desde 1972, exceptuando las perturbaciones económicas causadas por la COVID-19, se revierta en el segundo trimestre, lo que aliviará el peso del PIB. Por ello, Paul Ashworth, de Capital Economics, pronostica que el crecimiento entre abril y junio repuntará hasta alcanzar un aumento del 2 %.
Los déficits comerciales reducen el PIB. Pero eso es principalmente una cuestión de matemáticas. Se supone que el PIB solo contabiliza lo producido internamente. Por lo tanto, las importaciones —que el gobierno contabiliza como gasto de consumo en el informe del PIB cuando se compra, por ejemplo, chocolate suizo— deben restarse para evitar que inflen artificialmente la producción nacional.
Y otros aspectos del informe del PIB del miércoles sugirieron que la economía lucía sólida a principios de año.
Una categoría dentro de los datos del PIB que mide la fortaleza subyacente de la economía aumentó a una saludable tasa anual del 3% entre enero y marzo, frente al 2,9% del cuarto trimestre de 2024. Esta categoría incluye el gasto del consumidor y la inversión privada, pero excluye elementos volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto público.
Aun así, muchos economistas dicen que los enormes impuestos a las importaciones de Trump —la forma errática en que los ha implementado— dañarán el crecimiento en la segunda mitad del año y que los riesgos de recesión están aumentando.
“Creemos que la desaceleración económica se agravará en el segundo semestre de este año”, escribió Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics. “La incertidumbre corrosiva y el aumento de impuestos (los aranceles son un impuesto a las importaciones) volverán a arrastrar el crecimiento del PIB a números rojos para finales de este año”.
El informe del miércoles también mostró un aumento de precios que probablemente preocupará a la Reserva Federal, que aún intenta frenar la inflación tras un intenso repunte de la pandemia. El indicador de inflación predilecto de la Fed —el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE)— aumentó a una tasa anual del 3,6%, frente al 2,4% del cuarto trimestre. Excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, la denominada inflación subyacente del PCE registró un 3,5%, en comparación con el 2,6% de octubre a diciembre. El banco central aspira a una inflación del 2%.
Las cifras del PIB del primer trimestre "ponen de relieve la difícil situación de la Reserva Federal", escribió Ryan Sweet, de Oxford Economics, en un comentario. La Fed debe sopesar si recortar los tipos de interés para impulsar el crecimiento económico o mantenerlos elevados debido a la elevada inflación. "La economía se mantuvo prácticamente estancada durante los tres primeros meses del año, mientras que el crecimiento de la inflación general y subyacente se aceleró, lo que avivó la preocupación por la estanflación".
Trump heredó una economía sólida que creció de forma sostenida a pesar de las altas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal en 2022 y 2023 para combatir la inflación. Sus políticas comerciales erráticas, incluyendo aranceles del 145% a China, han paralizado las empresas y amenazado con subir los precios y perjudicar a los consumidores.
Los demócratas se apresuraron a culpar a Trump de interrumpir varios años de sólido crecimiento económico. La senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, declaró: «A 100 días de su presidencia, los aranceles de luz roja y luz verde de Donald Trump están conteniendo nuestra economía, y las empresas están acumulando importaciones en previsión del fin del mundo de los aranceles».
Está surgiendo evidencia potencial de que el sólido mercado laboral, un pilar de la economía estadounidense durante la recesión pandémica, podría estar debilitándose.
El miércoles, la empresa proveedora de nóminas ADP informó que las empresas crearon solo 62.000 empleos en abril, aproximadamente la mitad de lo previsto, y una reducción con respecto a los 147.000 de marzo. Esto podría indicar que las empresas están adoptando una estrategia más cautelosa en la contratación ante la incertidumbre sobre los aranceles. Aun así, las cifras de ADP suelen diferir de los informes de empleo del gobierno, que se publican el viernes.
Los empleadores de los sectores de la educación y la salud, las tecnologías de la información y los servicios empresariales y profesionales recortaron puestos de trabajo. Estos últimos incluyen sectores como la ingeniería, la contabilidad y la publicidad.
“Inquietud es la palabra del día”, dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP. “Puede ser difícil tomar decisiones de contratación en un entorno así”.
Christopher Rugaber ha cubierto la Reserva Federal y la economía estadounidense para AP durante 16 años. Ha sido dos veces finalista del premio Gerald Loeb de periodismo empresarial.
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